LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S POLÍTIC@S

Las notas publicadas el día de hoy 8 de Mayo en la Jornada son simptomáticas de la realidad del país, del instalado clima de represión contra cualquier expresión disidente; cualquier expresión que exija Transparencia, Justicia y Ley. LA respuesta del gobierno: sentencias desproporcionadas y fundamentadas erróneamente para encarcelar a luchadores sociales, apoyo a grandes transnacionales a través de procesos corruptos, jóvenes pres@s por manifestarse pacíficamente. SERÁ ESTE EL ESTADO DEMOCRÁTICO QUE HEREDAREMOS?

Minera de San Xavier, Frente de los Pueblos en Defensa de los Pueblos, Altermundistas de Yucatán, Comuneros de la Parota, Obispos hostigados en Coahuila, Hermanos Tzompaxtle, Gloria Arenas, Jacobo Silva, y muchos otr@s compañer@s.....vuestra lucha es nuestra lucha. No están SOLOS!!!

Recuperan su libertad 4 de los 19 altermundistas presos en Mérida

Mérida, Yuc., 7 de mayo. El ayuntamiento de Mérida dio por reparados los daños que ocasionaron en su propiedad, el 13 de marzo pasado, grupos de jóvenes altermundistas, por lo cual al menos cuatro de los 19 procesados obtuvieron hoy su libertad bajo fianza.

La madre de uno de los detenidos sufrió un desvanecimiento, ya que, argumentó, las fianzas son "exageradas". De igual forma, algunos abogados protestaron por los montos de las cauciones fijadas por la juez séptima de defensa social, Rubí González Alpuche.

A 11 arrestados se les impuso multa de 2 mil 904 pesos y caución de 10 mil, pues sólo se les seguirán procesos por daño en propiedad ajena y ataques peligrosos.

Los ocho restantes fueron sancionados con 5 mil 617 pesos y 15 mil de fianza, acusados de los ilícitos de daño en propiedad ajena, ataques peligrosos y portación de armas e instrumentos prohibidos.

Este lunes recuperaron su libertad Juan Carlos López Sierra, Claudia Cerón Vega, Yahaira Solís Carrillo y Julián Casanova Campos; sus procesos los enfrentarán fuera de prisión.

En el juzgado séptimo se presentaron Agustín de Atocha Xequé Ortegón y Carlos Macedonio Hernández, de asuntos jurídicos de la comuna emeritense, para firmar un acuerdo de desistimiento, pues algunos familiares de los detenidos habían realizado algunos pagos y de esa forma el monto de los daños no pudo ser cuantificado, motivo por el cual la juez ordenó la libertad bajo caución de los arrestados.

Estos, por su parte, firmaron un documento ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en el cual se desisten de los reclamos de tortura y maltrato de que fueron víctimas.
Se espera que en los próximos días los demás presos recuperen su libertad, luego que cubran sus respectivas fianzas.

Excarcelan en SLP a 5 estudiantes que protestaron contra Minera San Xavier

Liberados hoy, cinco estudiantes potosinos, uno de ellos menor de edad, estuvieron a punto de pasar largo tiempo en prisión por su participación este primero de mayo en una protesta contra la explotación a cielo abierto del cerro San Pedro, que la empresa canadiense Minera San Xavier (MSX) realiza con respaldo gubernamental, no obstante el rechazo de la población de la capital y la región central de San Luis Potosí.

Habían sido detenidos Helios Barragán Beltrán, de 19 años de edad; Francisco Octavio López López, de 16; Oscar David Reyes Medrano, de 20; Adrián Mireles Alonso, de 20, y José Emilio Grimaldo Sánchez, de 21. Todos fueron severamente golpeados por agentes policiacos y el 2 de mayo exhibidos vejatoriamente en la televisión local, como si fueran delincuentes comunes. Familiares de los jóvenes se negaron hoy a confirmar su liberación.

Según el Comité Juvenil y Estudiantil por la Libertad de Nuestros Compañeros, "el gobierno de Marcelo de los Santos los acusó de delitos desproporcionados, como motín, asociación delictuosa y daños a inmuebles". Esos cargos, que impedían su libertad bajo fianza, "son un claro golpe a la libertad de expresión y pretenden dar una 'lección' a la juventud potosina deteniendo a algunos de los más reconocidos activistas estudiantiles de la ciudad".

El primero de mayo "el gobierno potosino montó un operativo dirigido contra parte del contingente, integrado por unos 60 jóvenes, quienes después de recibir agresiones decidieron retirarse hacia una 'casa Okupa', pasando por la Alameda", detalla la denuncia. "Allí se inició una persecución hasta la mencionada casa, dejando al menos una decena de heridos y cinco detenidos, jóvenes que al igual que cualquiera de nosotros tienen derecho a expresar libremente sus ideas".

La selectiva acción de las fuerzas del orden resultó similar a la aplicada un mes atrás en Mérida, Yucatán, contra jóvenes inconformes por la visita del presidente estadunidense George W. Bush. Los gobiernos panistas de ambas entidades siguen el guión inaugurado en 2005 por el actual secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, entonces gobernador de Jalisco. En todos los casos hubo detenidos y decenas de heridos por la injustificada violencia de policías y granaderos.

Ahora se teme la aprehensión de miembros del Frente Amplio Opositor (FAO); al menos su asesor legal, Enrique Rivera Sierra, debió abandonar San Luis Potosí, pues la policía sitió su casa para llevarlo preso.

Por su parte, los colectivos Rincón Rupestre, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, de Quintana Roo, al recordar los "hechos vergonzosos" en San Salvador Atenco, señalaron hoy que "el terrorismo de Estado sigue implantándose en México".

Un año después, "los tres niveles de gobierno y los partidos políticos (PRI, PAN y PRD) que orquestaron los hechos violentos en Atenco se lavan las manos, mientras aprueban la Ley del ISSSTE, tiro de gracia para lo poco que queda del Estado-nación, enterrando las victorias de la Revolución Mexicana y dándole la palabra al mercado neoliberal, feroz monstruo que destruye formas de ser, actuar y pensar de todo aquel que no encaja con la compra y la venta".

Los colectivos quintanarroenses, adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, evalúan que la política nacional se muestra "al principio de un Estado fascista, una dictadura militar que se disfraza como lucha contra el narcotráfico y en la cual los medios de comunicación ponen a los verdugos como víctimas, pidiendo a la sociedad un voto de confianza para el Ejército y la policía".

A un año de Atenco, concluyen, "ni mil ejércitos podrán acabar con el anhelo más grande: la libertad. Tendrán que hacer más cárceles y campos militares; no hemos creído en su palabra, pues han demostrado que sólo significa encarcelamiento y represión. No dejaremos de luchar hasta ver a nuestros compañeros libres y rompiendo oídos necios en las calles".

La sentencia a líderes del FPDT, amenaza del Estado

La sentencia a 67 años y medio de prisión contra los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) justo cuando se cumplía el aniversario "de la brutal represión" que vivieron los pobladores de San Salvador Atenco, es "una clara advertencia desde el poder del Estado al movimiento social para que ceje en su empeño de pedir la libertad de sus presos políticos y de mantener su lucha legítima para decidir sobre sus territorios", señaló la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH).

La organización -que hace casi un año elaboró una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron las fuerzas públicas durante la toma de Atenco y Texcoco los días 3 y 4 de mayo de 2006 como "torturas, detenciones ilegales, violaciones sexuales, homicidios" y otros- aseveró que las condenas dictadas el pasado viernes por la noche contra Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, por su "presunta" participación en el secuestro de funcionarios estatales en febrero y abril, "son arbitrarias y desproporcionadas".

Por ello, exhortó a las autoridades competentes a que dicha resolución "no sea la señal para el inicio de una nueva ola de represión contra el pueblo de San Salvador Atenco".

La comisión, conformada por activistas de países principalmente europeos, consideró que los sentenciados "no han gozado del derecho de la presunción de inocencia", establecido en acuerdos internacionales, y agregó que, aunque el juez penal de Toluca -quien dictó la sentencia- asegura que existen suficientes elementos que comprueban la culpabilidad de los líderes del FPDT, "la defensa legal ha demostrado de forma efectiva que los acusados no estaban en el lugar de los hechos en el momento en que éstos supuestamente se produjeron".

La ONG añadió que otro de los elementos que el juzgador no consideró para dictar sentencia es que la parte acusadora "no ha sido capaz de aportar testimonios, ni siquiera de las presuntas víctimas del secuestro, que probaran la comisión del delito".

Respecto de la imputación de la Procuraduría General de Justicia del estado de México para que se aplique la sentencia máxima (que para ambos "secuestros" sería de 120 años de prisión) a los inculpados, la CCIODH subrayó: "La saña con que está actuando la procuraduría de justicia estatal (al hacer dicha solicitud), contrasta con su absoluta falta de voluntad para investigar los graves delitos cometidos por las fuerzas policiales estatales y federales durante los días 3 y 4 de mayo; pues los culpables materiales e intelectuales de entre otros delitos perfectamente documentados, como homicidio, tortura y violaciones sexuales tumultuarias, permanecen hasta el momento en libertad y gozan de total impunidad".

Finalmente, la organización subrayó que la resolución del juez contra los líderes del FPDT "es especialmente grave", porque ocurre en el contexto de las recientes declaraciones de un legislador priísta de reactivar el aeropuerto alterno al de la ciudad de México en la región de Texcoco y Atenco.

Por ello, subrayó, los pobladores de esos municipios enarbolan "una reivindicación absolutamente legítima: no ser expulsados y decidir sobre el territorio y los recursos naturales en los que han vivido por generaciones".