Reprimen policías a indígenas cerca de Xalapa

Puente Nacional, Ver., 19 de mayo. Con el apoyo de 200 patrullas, perros de ataque y gases lacrimógenos, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Federal Preventiva (PFP) interceptaron una caravana de campesinos huastecos y totonacos que se dirigían a esta ciudad para instalar un plantón en protesta porque el gobernador Fidel Herrera Beltrán no ha cumplido la promesa de entregar 10 mil hectáreas a 2 mil familias de la zona norte del estado.

Los indígenas, adheridos a la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), denunciaron que cuatro de sus dirigentes, entre ellos Rafael Jacobo y José Jacobo Femat, líderes nacionales, fueron detenidos, y 10 de sus compañeros desaparecieron.

Sólo 100 de los alrededor de 2 mil 500 manifestantes llegaron a la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en Jalapa, donde instalaron un plantón frente a las oficinas del mandatario priísta, a quien exigieron liberar a los detenidos y presentar a los desaparecidos.

“Pedimos tierra y nos respondes con policías y perros. ¡Eres el Hitler veracruzano!”, gritaron frente al palacio de gobierno los campesinos, provenientes del Totonacapan y la Huasteca alta veracruzana.

Mil campesinos que lograron pasar la caseta de peaje fueron sitiados por unas 200 patrullas cerca del edificio conocido como Agrocentro, en el municipio de Puente Nacional, cerca de Jalapa.

Los agentes retuvieron allí a la mayoría de los labriegos, con apoyo de efectivos de la PFP. Los manifestantes dijeron que los policías arrojaron gas lacrimógeno a los vehículos donde viajaban, pese a que en ellos iban niños, mujeres y ancianos.

“Los que se resistieron fueron bajados a culatazos y macanazos. Nos decían: ‘Si vienen a molestar al gobernador se van a chingar –relató Sergio Pérez, de la comunidad Lázaro Cárdenas, en Papantla–. Hasta a las mujeres con niños pequeños les acercaban los perros para que los mordieran”, agregó José Luis Peña, originario de Vistahermosa, Papantla.

Policías estatales y federales interceptaron una marcha de campesinos indígenas de la Huasteca alta y el Totonocapan que se dirigían a la capital del estado. En la imagen, labriegos retenidos en las instalaciones del edificio conocido como Agrocentro Foto: Sergio Hernández Vega

Octavio Antonio Reyes, secretario general de la Cocyp en el estado, denunció que los dirigentes regionales José Juárez Ambrosio y Mariano Hernández fueron detenidos.

Entre las personas reportadas como desaparecidas están Martha Gómez León, de 18 años de edad, junto con su hijo Marcelino Gómez Salazar, de 10 años, y su madre, Josefa Salazar Gómez, de 50; Teresa León Gómez, de 45 años; Petrona Gómez García, de 75 años, así como Juana Francisco, de 40 años.

Durante ocho horas, los dirigentes de la Cocyp fueron retenidos sin ser presentados ante autoridad alguna. Por la tarde, Irma Ramírez Rubio, asesora jurídica de la organización, informó que los indígenas “no podían comunicarse debido a que les recogieron sus teléfonos celulares”

Empeora el estado de salud de indígenas choles recluidos en el penal de Yajalón

LaJornada, 4 de mayo. Los dos presos zapatistas de origen chol que permanecen en el Centro de Readaptación Social (Cereso) 12 de Yajalón no parecen haber mejorado sus condiciones de reclusión a pesar de que son sólo huéspedes del sistema penitenciario chiapaneco, donde no existe ninguna causa penal en contra suya, y sí el compromiso gubernamental de liberarlos.

Además de permanecer sin atención médica, por más que está demostrado que la necesitan, Francisco Pérez Vázquez y Ángel Concepción Pérez Gutiérrez ahora no pueden recibir más visitas que de sus familiares, y ni siquiera éstos la tiene fácil. Luego de pasar 11 años y ocho meses en la cárcel municipal de Tacotalpa, en el vecino Tabasco, su caso fue “atraído” por las autoridades chiapanecas, quienes los internaron en el centro penitenciario de la zona norte. Y allí siguen, aislados en una celda.

Francisco, don Panchito, ya septuagenario, se encuentra en malas condiciones de salud, y como las autoridades le dan atención a cuentagotas, recurrió a sus compañeros para conseguir medicamentos. Esta mañana intentaron entregárselos cuatro miembros de Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE), amigos de Ángel y Francisco que viajaron a Yajalón para visitarlos: “cuando llegamos a la entrada principal del Cereso, el personal de seguridad nos dijo que no los podíamos visitar, que únicamente sus familiares. Preguntamos por qué, dijimos que es el día de visita, y nos respondieron que son disposiciones del director, y ellos acatan las órdenes”, refieren los visitantes.

“Como no nos permitieron entrar, le pedimos de favor al personal de seguridad que entregue los alimentos y medicinas que llevábamos para nuestros compañeros presos. Entregamos una bolsa de nylon que contenía alimentos, medicinas, papel de baño, litros de agua y un cuaderno que nos habían pedido. Cuando estábamos ya de regreso, de nuevo salen con las bolsas que habíamos entregado. Que ellos no iban a ser responsables de entregar”.

Los activistas y amigos de Francisco y Ángel relatan: “vimos que salieron a tirar afuera del penal, a la orilla de la carretera, la bolsa. Nuestros compañeros quedaron sin alimentos y medicinas. Por eso estamos denunciando estas arbitrariedades. Su estado de salud cada día se pone crítico, necesitan atención médica adecuada”, reclaman los miembros del PUDEE.

“Nuestros compañeros llevan ocho días en este penal. Hemos logrado en dos ocasiones entrar a visitarlos. En las dos (el personal de seguridad) nos ha interrogado como si fuéramos los enjuiciados o sentenciados. Nos preguntamos por qué nos hacen eso. Sabemos que no debemos nada, mucho menos nuestros compañeros presos. Son inocentes de los delitos que los acusan. Por eso decimos ‘ya basta’ de injusticia, exigimos su libertad”, concluye el PUDEE, que agrupa comunidades y grupos civiles de Tila, Tumbalá, Salto de Agua, Yajalón y Sabanilla, adherentes de la otra campaña.

2ndo aniversario de la represión al FPDT: La impunidad sigue presente

A dos años de las violaciones de los derechos humanos en San Salvador Atenco (3 y 4 de mayo de 2006) por policías, “la constante ha sido la impunidad”, pues a la fecha no han sido castigados “de manera contundente” los responsables materiales e intelectuales de las agresiones, coincidieron víctimas, líderes del movimiento, organizaciones civiles y abogados de los detenidos.

Los saldos de esos hechos son: las muertes de Francisco Cortés Santiago, de 14 años, tras recibir un balazo calibre 38, usado por los uniformados, y de Alexis Benhumea, universitario herido en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno de la PFP, lo que lo tuvo más de un mes hospitalizado, falleciendo el 7 de junio de 2006.

También decenas de torturados y al menos 26 mujeres violadas y agredidas sexualmente –de las 47 detenidas– como acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 207 detenidos, entre ellos cinco extranjeros que fueron expulsados del país.

Varias personas viven una especie de exilio, porque existen órdenes de aprehensión en su contra. Leonel Rivero, abogado del FPDT, informó que es el caso de Adán Espinoza, Bernardino Cruz y Jorge Flores, acusados de secuestro, robo y privación de la libertad, quienes están a la espera de que se resuelva un amparo para evitar su detención. En tanto que para América del Valle, hija del líder del FPDT, el panorama no es alentador pues se agotaron los recursos legales para evitar su aprehensión al negársele un amparo y la revisión de éste.

De las acusaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) contra los 29 detenidos en San Salvador Atenco en mayo de 2006, se han diluido en los dos años transcurridos, pues la mayoría de los consignados ha demostrado su inocencia.

La PGJEM consignó los expedientes de los 29 detenidos al juez segundo penal de Toluca, quien días más tarde decretó la libertad para todos por delincuencia organizada, pero resolvió enjuiciar a 23 por secuestro y a 17 por ataques a las vías de comunicación. Cuatro más recuperaron su libertad de inmediato por no estar implicados. Cinco fueron deportadas por ser extranjeros y 11 remitidos a la Escuela de Rehabilitación para Menores Quinta del Bosque, donde permanecieron menos de dos meses.

ACTUALMENTE: Permanecen pres@s 16 hombres y mujeres : 12 esperan sentencia por secuestro equiparado (Patricia Romero Hernández, Juan Carlos Estrada Cruces, Román Ordóñez, Jorge Ordóñez, Alejandro Pilón Zacate, Narciso rellano, Raúl Romero, Arturo Sánchez Romero, Inés Rodolfo Cuellar, Edgar Eduardo Morales Reyes, Julio Cesar Espinosa Ramos, Oscar Hernández Pacheco en el penal de Molino de Flores, Texcoco), 1 por ataques a las vías de comunicación y los otros tres (Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo; penal de máxima seguridad del Altiplano) sentenciados a 67 años y medio de prisión por hechos distintos a los ocurridos el 3 y 4 de mayo en Texcoco y Atenco ( el secuestro por hechos ocurridos en febrero y abril de 2006). De estos últimos aún está pendiente la resolución por los acontecimientos de mayo 06. También están presos dos floristas de Texcoco detenidos el 3 de mayo de 2006, a quienes se imputaron portación de arma prohibida (machetes) y ultrajes, delitos no graves que alcanzan fianza. La PGJEM y el juez consideraron que ambos son “un peligro social”, por lo que enfrentan su proceso encarcelados.

Quienes perpetraron los abusos y “torturas”, delito considerado de lesa humanidad por organismos internacionales , no han sido sancionados. La justicia mexiquense inició proceso penal sólo contra 21 policías –de más de 2 mil que participaron en el operativo– por delitos no graves; 15 ya fueron exonerados, a cinco se les procesa por abuso de autoridad y están en libertad bajo fianza; mientras el pasado viernes fue sentenciado a tres años y dos meses de prisión por actos libidinosos el agente Doroteo Blas Marcelo; sin embargo, al no ser delito grave se le fijó una fianza de 8 mil 427 pesos para obtener su libertad.

Presos zapatistas, trasladados de Tabasco a penal de Chiapas, denuncian activistas

Miembros de la otra campaña en Tabasco, en plantón frente a la cárcel municipal de Tacotalpa, denunciaron que ayer por la tarde los presos zapatistas en huelga de hambre fueron sacados del penal mediante un operativo policiaco. Las autoridades niegan información sobre el paradero de Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez. Los denunciantes responsabilizan a los gobiernos federal y estatal “de cualquier acción contra sus personas o sus vidas”. Al cierre de esta edición se supo extraoficialmente que habían sido trasladados a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,

Horas antes, los presos zapatistas manifestaron que su reclusión es un “secuestro con premeditación, alevosía y ventaja”, y acusaron a las autoridades por la “privación ilegal” de su libertad por 11 años y 10 meses en la cárcel municipal, donde se declararon este lunes en huelga de hambre “por tiempo indefinido” (que en el caso de Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez no puede ser mucho, pues su diabetes lleva años mal compensada y sin una dieta adecuada).

“Si es posible, nos sacarán muertos, porque ya basta de esta injusticia”, advirtieron en una carta al alcaide del penal.

ULTIMA ACTUALIZACION a Día 25 de Abril: El escritor británico John Berger, junto con intelectuales de México y otros países, demandó hoy viernes la liberación de los presos zapatistas Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez, en una carta dirigida a los gobernadores de Chiapas y Tabasco, Juan Sabines Guerrero y Andrés Granier Melo, respectivamente.

Los indígenas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se encontraban recluidos en Tacotalpa, Tabasco, fueron trasladados la tarde de ayer al aereopuerto de Villahermosa, desde donde, en un jet privado, fueron llevados a Tuxtla Gutierrez, Chiapas.

En estos momentos se encuentran en un hospital privado de la capital chiapaneca en “valoración médica” a causa de la huelga de hambre que realizaron para exigir su liberación.

Los zapatistas esperan una resolución sobre su situación jurídica, pues el gobernador Juan Sabines Guerrero se comprometio a solicitar al gobierno tabasqueño ponerlos a su disposición para otorgarles el beneficio de la libertad. No obstante, los organismos de derechos humanos temen que sean enviados a alguna cárcel chiapaneca, posiblemente la de Yajalón.

Los presos políticos zapatistas en Tabasco y Chiapas están en riesgo de muerte, alertan

Están “en riesgo de muerte los ‘presos políticos’ zapatistas en Tabasco y de La Voz de los Llanos en Chiapas”, alertó este miércoles la otra Jovel, en relación con la situación en la cárcel de Tacotalpa y el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas.

El lunes 21, los indígenas zapatistas Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y su padre, Francisco Pérez Vázquez, iniciaron en Tacotalpa una huelga de hambre de 72 horas, demandando su liberación. Anoche, ante la falta de respuesta de las autoridades estatales y federales, determinaron la continuación de la misma por tiempo indefinido hasta lograr su libertad.

El mismo día 21, en el Cereso 5, los miembros de la Voz de Los Llanos fueron apaleados por una banda de reclusos no indígenas. Se encuentran “seriamente lesionados y amenazados con ser llevados lejos de sus familias y redes de apoyo”. Unos y otros formaron parte de los “presos políticos” que sostuvieron una huelga de hambre entre el 25 de febrero y el 5 de abril.

El estado de salud de Ángel y Francisco, diabéticos, se reporta “delicado”. Nunca han recibido atención médica adecuada. Ahora solicitan respaldo “contra actos represivos del gobierno” en agravio suyo o del plantón solidario instalado a las afueras del penal de Tacotalpa.

En tanto, los miembros de La Voz de los Llanos están heridos por la golpiza que les propinaron otros internos con la complicidad de los guardias del penal. Los agresores quedaron plenamente identificados: Elías Domínguez Trejo, Damián Gutiérrez García, Eleuterio de la Cruz Martínez, Héctor de Jesús Bautista Hernández, José Luis Urbina Gamboa, Próspero Gonzalo Flores, Darinel Alfaro Gallego, Juan Cristóbal Magdaleno, Iván Estrada, José Capuino, Rigoberto López Alza, Juan Díaz Meléndez, Carlos Rodrigo, Tomás de la Cruz Martínez, Manuel López Pérez, Juan Trejo, el Loco, El Disco y El Zorro. Todos dirigidos por el Preciso general, Bartolo García Suárez.

Los afectados manifestaron a Diego Cadenas, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que “este acto contra su dignidad es por la resistencia política y pacífica en demanda de su liberación, y por sus denuncias sobre la corrupción y la violencia racial en el sistema penitenciario de Chiapas”.

Los miembros de La Voz de los Llanos son: Antonio Díaz Pérez, Tiburcio Gómez Pérez, Juan Díaz López, Miguel Díaz López, Diego Rodríguez Hernández, Nicolás Pérez Núñez y Agustín Rodríguez Jiménez. Ellos, y sus simpatizantes Mateo Gómez Santiz, Agustín Díaz Gómez y Orlando Santizo Castillo, fueron apaleados y golpeados a puñetazos y patadas. A Mateo Gómez Santiz “lo zambulleron en un contenedor de agua para asfixiarlo”; Tiburcio Gómez Pérez refiere dolor en frente, cuello, espalda, estómago y pecho, dificultad para respirar, dolor en ojos y orejas. Miguel Díaz López presenta una herida en la ceja izquierda y restos de sangre en la ropa.

Apenas concluida la agresión, los “precisos” y el alcaide Sergio Lázaro Vicente hicieron firmar a la población carcelaria para “solicitar” el traslado de los agredidos a otro penal. La Voz de los Llanos los acusa de “falsificar” firmas. El Centro Fray Bartolomé de las Casas señaló la “intervención directa de la autoridad para coaccionar a la población carcelaria y acallar las denuncias de anomalías y corrupción que rigen la vida interna de este centro de reclusión”.

Los “precisos” sostienen una red de complicidad y extorsión e imponen “trabajos forzosos” a quienes no pagan las “tarifas” establecidas por ellos. Y las autoridades del Cereso 5 participan “en actos y prácticas de discriminación hacia los presos indígenas, que son un alto porcentaje de la población penitenciaria”.

Por ahora, los heridos permanecen aislados, sin atención médica y con temor de ser agredidos nuevamente.

(Quien desee ver y escuchar a los hijos y familiares de los presos en su actual plantón frente a la cárcel tacotalpeña, puede ir a youtube: http://www.youtube.com/user/colectivodesalambrar).

Mantienen su demanda de libertad 17 indígenas en Chiapas y Tabasco

San Cristóbal de las Casas, Chis., 2 de abril. Con 11 indígenas en huelga de hambre y cuatro en ayuno, prosigue la protesta en las cárceles de Chiapas. Grave y dramática es la situación de los presos en los penales de El Amate y San Cristóbal de las Casas. En el primero, seis cumplen 38 días sin probar alimento y su salud se ha deteriorado mucho: Alberto Patishtán Gómez, Julio César Pérez Ruiz, José Pérez Pérez y Marcelino Díaz González (la Voz del Amate), Antonio Gómez Díaz y Miguel Gómez Gómez (Grupo Zapatista). Al sangrado de mucosas, dolores, mareos y debilidad extrema se agrega en algunos presencia de sangre en la orina.

En el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas, Tiburcio Gómez Pérez y Diego Rodríguez Hernández cumplen ya 30 días en huelga de hambre. Resistiendo presiones de la dirección del penal, tres más se unieron hoy a la huelga de hambre: Juan Díaz López, Miguel Díaz López y Antonio Díaz Pérez, con los mismos 30 días sólo en ayuno, debido a padecimientos digestivos. Todos, de la Voz de los Llanos. Reiteran su exigencia de libertad: “No somos asesinos ni terroristas, somos inocentes de lo que nos acusan. Mediante torturas y amenazas de muerte nos hicieron firmar algo que no cometimos”.

A José Pérez Pérez, de la Voz del Amate, las autoridades lo mantenían segregado, presionándolo para romper su huelga de hambre de 38 días. Pero ya se reintegró al plantón carcelario con sus compañeros.

Permanecen en ayuno María Delia Pérez Arizmendi y Jesús López López en el Cereso 14 (desde hace 38 días), y en el Cereso 5, Agustín Rodríguez Jiménez y Nicolás Pérez Núñez (hace 30 días).

Tras la liberación de más de 140 presos los pasados lunes y martes (entre ellos 30 que participaban en la protesta de los Ceresos 5, 14 y 17), un total de 17 indígenas en Chiapas y Tabasco mantienen su demanda de libertad, convencidos de que no se les ha hecho justicia. Esto incluye a Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez, bases de apoyo zapatistas en la cárcel pública de Tacotalpa, Tabasco, cuya salud es tan precaria que no pueden sostener ni siquiera el ayuno solidario.

En cuanto a Pueblo Creyente, aunque sus cuatro presos salieron libres, respalda con visitas a los que faltan por liberar en El Amate y presencia en el plantón de familiares y ex presos en Tuxtla Gutiérrez, cuyos participantes realizaron hoy una marcha por las calles de la capital chiapaneca.

En el Cereso 5 se suscitó un hecho nuevo. Otros seis reclusos dijeron que pretenden iniciar a su vez una huelga de hambre: Ramón de Jesús Ruiz Rodas, Andrés Núñez Hernández, Salvador Gómez Santiz, José Díaz López, Filiberto López Sánchez y Manuel Santiz Gómez. Solicitaron ingresar a la Voz de los Llanos. Por vía telefónica, la Voz de los Llanos informó que no ha habido “ninguna adhesión externa a la huelga ni a su organización”.

Alistan la consignación de policías que torturaron a mujeres en Atenco

La Procuraduría General de la República (PGR) perfeccionará, por conducto de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevintra), un pliego de consignación por el delito de tortura en contra de policías mexiquenses que participaron en el traslado de las mujeres detenidas en el municipio de San Salvador Atenco el 4 de mayo de 2006, revelaron funcionarios de esa dependencia.

Al respecto, la titular de la Fevintra, María Guadalupe Morfín Otero, confirmó que su antecesora en el cargo, Alicia Elena Pérez Duarte, “dejó un proyecto de pliego de consignación, y se está trabajando en ello”.

Fuentes de alto nivel de la PGR informaron que el citado documento no se encuentra concluido, sino que agentes del Ministerio Público Federal trabajan en varias diligencias encaminadas a la acreditación de diversos delitos, entre otros, violación y tortura, cometidos en agravio de mujeres detenidas en San Salvador Atenco.

Faltan conclusiones

Los informantes señalaron que el documento dejado por Pérez Duarte aún carece de conclusiones y muchos elementos de prueba, pero que sus investigaciones servirán para concluir las líneas de investigación que abrió la extinta Fevim (antecedente de Fevintra), en las que se presume que los policías mexiquenses que participaron en el operativo de desalojo de la carretera Ecatepec-Texcoco, el 4 de mayo de 2006, fecha en la que también agentes federales y estatales ingresaron hasta el centro de Atenco para detener a los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

De acuerdo con la información obtenida, la investigación realizada se ha centrado en los momentos de la detención de habitantes y su traslado a diversas prisiones o instalaciones ministeriales del gobierno del estado de México, ya que fue en ese lapso cuando los agentes policiacos habrían incurrido en diversas violaciones a las garantías individuales.

Según los funcionarios consultados, el documento final, es decir, la integración plena del pliego de consignación y su posible envío a un juez federal, tomará aún varios meses, ya que algunas organizaciones no gubernamentales han solicitado a la Fevintra que se lleven a cabo diversas diligencias para acreditar la responsabilidad de funcionarios mexiquenses en los excesos cometidos por los policías contra habitantes de San Salvador Atenco.

En Atenco, “posible violación grave” a los derechos humanos, acredita la SCJN

■ El operativo fue coordinado por altos mandos de la Agencia de Seguridad Estatal y de la PFP

■ El documento no hace referencia a presuntos responsables de los hechos ocurridos en 2006

El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia manifestó hace tiempo que el fallo de la Corte no tendrá efecto penal contra los responsables Foto: Yazmín Ortega Cortés

La Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó ayer la primera fase de su indagatoria sobre los hechos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo de 2006, y acreditó la “posible violación grave” de garantías individuales y la coordinación de mandos policiacos “del más alto nivel de la Agencia de Seguridad Estatal y la Policía Federal Preventiva (PFP)” en la planeación del operativo que derivó en la muerte de dos personas y la detención de 207, de las cuales “solamente nueve resultaron ilesas”.

El informe, elaborado por los magistrados Sergio González Bernabé y Jorge Mario Pardo Rebolledo, destaca que el 4 de mayo de ese año policías estatales y federales, “atendiendo el plan trazado”, desbloquearon la carretera Texcoco-Lechería y marcharon hacia el centro de San Salvador Atenco, en donde “varios elementos policiales, sin control, agredieron a muchos manifestantes que aparentemente no oponían resistencia”.

El escrito hace una relación de los hechos que se suscitaron cuando, el 3 de mayo de 2006, locatarios del mercado Belisario Domínguez bloquearon la carretera Texcoco-Lechería en protesta porque no los dejaron instalar sus puestos, lo que provocó una serie de enfrentamientos, destacando el ocurrido en la calle Manuel González de Texcoco, donde los policías entraron al domicilio en que estaban los floristas y “lanzaron gases lacrimógenos y los sacaron del lugar con golpes de toletes, puños y pies”. También se da cuenta de que muchas personas detenidas fueron trasladadas en camionetas, “unas encima de otras, sobre charcos de sangre, mientras eran agredidas, pues a pesar de encontrarse sometidas, eran golpeadas con toletes, con los pies e inclusive los policías caminaban sobre ellas”, dice el informe. El documento que servirá de base para que Gudiño Pelayo elabore el dictamen no hace referencia a presuntos responsables civiles, penales, administrativos o políticos de los hechos, como tampoco menciona aspectos relacionados con la eventual reparación de la violación de garantías.

Los magistrados aseguraron en el documento que, después de haber entrevistado a 10 importantes funcionarios que tuvieron intervención en los hechos, entre ellos el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; a 227 agentes policiacos y de migración y a 45 atenquenses que fueron detenidos, estaban en condiciones de responder a las preguntas que dieron origen a la formación de la comisión: “¿por qué se dieron esas violaciones?, ¿alguien las ordenó?, ¿obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de los policías?”

Sin embargo, las respuestas son “confidenciales” y sólo fueron entregadas al ministro instructor para que valore la información y, en su momento, lo plasme en el dictamen que conozca el pleno.

LA MASACRE DE ACTEAL EXISTIO y EL ESTADO FUE SU COMPLICA SINO SU IMPLEMENTADOR

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), que ayer empezó su sexta visita al país para corroborar la situación de México en la materia, destacó que viene a supervisar las acciones adoptadas en el caso de la matanza de Acteal. “Ahora que se ha abierto el debate y que se hace una revisión de lo ocurrido, nosotros sostenemos que hubo una masacre, y hay responsabilidad gubernamental en esos crímenes”.

En conferencia de prensa, los miembros de la CCIODH anunciaron que mañana viajarán a Chiapas y visitarán Acteal. A diferencia de otras ocasiones, ya tienen programada una entrevista con el gobernador Juan Sabines, con el fiscal y con organizaciones civiles. También visitarán los gobiernos autónomos e insistirán en que “en Acteal no se ha hecho justicia luego de 10 años de los crímenes”.

En conferencia de prensa, Joan Baucells, profesor en derecho penal e integrante de la CCIODH, subrayó: “tenemos evidencia de que los servidores públicos participaron en la matanza; hay responsabilidad en esos homicidios, ya que la policía estaba a 200 metros de distancia y no hizo nada para evitar la masacre. Hay pruebas de la responsabilidad homicida del secretario de Seguridad Pública de aquella época.

“No se trató de un problema comunitario, incluso existen testimonios de militares y paramilitares disidentes que han dicho que recibieron apoyo del gobierno (económico, en uniformes y en capacitación militar), lo que se inscribe en la estrategia estatal de lucha contrainsurgente que se desarrolló en 1994”, sostuvo Baucells.

“Sabemos, como dicen los propios documentos oficiales, que los militares organizaron a civiles para que sirvieran como apoyo para enfrentar a grupos disidentes. A partir de esas evidencias sostenemos que hay impunidad.”

La CCIODH recordó que su integración se debió precisamente “a la indignación y al clamor de justicia que existía en varias partes del mundo porque se hiciera justicia en la masacre de Acteal. Hace 10 años hicimos nuestra primera visita, y hoy venimos en la sexta; queremos que se haga justicia en este caso, así como en Oaxaca y Atenco”.

En la conferencia de prensa de la CCIODH, el padre Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, advirtió: “pamplinas con ese asunto de revisionismo en el caso de Acteal con el que quieren desvirtuar la responsabilidad del Estado. Hubo un crimen de Estado, por lo que es infundado e inaceptable ese revisionismo”.

La matanza de Acteal, insistió el padre Concha, fue perpetrada por grupos paramilitares que todavía no han sido disueltos, como demandó la ONU.

Seguimos acá...

La Otra Campaña en Orizaba sigue activa. Si bien silenciosa en la red, la otra campaña ha estado ocupada en la defensa de los derechos de los niñ@s y mujeres; ha estado informando de la represión en Chiapas así como muchas otras actividades en Orizaba.
Para contactarnos recuerden: laotra_orizaba@yahoo.com.mx

CONTRA LA REPRESIÓN: 18 JULIO

¿Qué es la represión?

Represión política es la acción de contener, detener o castigar actuaciones políticas o sociales desde el poder por parte de las autoridades públicas (definición de la Real Academia), negando o impidiendo el ejercicio de los derechos y libertades (expresión, reunión, manifestación, asociación, sindicación) que suelen considerarse propias de los sistemas democráticos.

Habitualmente se ve acompañada por violencia, tanto legal como informal. La fuerza del ejemplo de quien sufre esa violencia hace que, por temor, el resto de la sociedad se reprima a sí misma en el ejercicio de la libertad, que queda así anulada para todos, excepto para el poder y para aquellos en cuyo beneficio se realiza la represión.

¿Qué conlleva?

Desinformación, campaña propagandística, clima de terror, amenazas y hostigamientos, persecuciones, golpes, secuestros, deportaciones y exilios forzados, encarcelamientos, desapariciones y asesinatos.

¿Qué formas toma la represión en nuestro país?(CARCTERÍSTICAS DE LA REPRESIÓN)

La ruta crítica seguida por el gobierno mexicano: campaña de desinformación y desprestigio; propaganda mediática de criminalización ( presentar ante la opinión pública a un movimiento como si fuera una banda de criminales); clima de terror con movimientos de las fuerzas policíacas y militares, declaraciones de amenazas por parte de gobernantes, funcionarios y la clase política; persecuciones selectivas y cada vez más frecuentemente masivas; golpes de prueba que revelen la capacidad y forma de respuesta del movimiento social; golpe contundente; detenciones, encarcelamientos, asesinatos; manipulación del sistema judicial; etc…

Existe una clara y evidente preparación del gobierno mexicano para enfrentar, con la represión indiscriminada, el creciente descontento social. No se trata de sólo enfrentar a quienes se oponen a los gobiernos organizadamente, también los estallidos sociales que las políticas gubernamentales ya están provocando en todo el país, y previendo que los efectos del sistema en la población más empobrecida sean el detonante de más movilizaciones de rechazo activo.

El OBJETIVO: “Desarticular y fragmentar a los movimientos a partir de aterrorizar a la base de esos movimientos y a las organizaciones sociales”.

(La Otra Campaña en Jalisco)

Si antes lo eran los críticos, los disidentes, los líderes sociales, los “desestabilizadores”; ahora el enemigo lo constituye el pueblo entero. Tenemos así al ejército en las calles, caminos y campos de México, supuestamente librando (y perdiendo, dicho sea de paso) una guerra contra el narcotráfico; una intensa campaña mediática que titubea entre presentar a policías y militares como héroes o mejor mirar para otro lado.

¿Existe Represión en México? (Ejemplos recientes)

Ejemplos de represión en México sobran. Posiblemente los que más hayan escuchado recientemente son los que se han desarrollado y siguen desarrollando en Atenco (estado de México: sentencias absurdas de más de 60 años en contra de luchadores sociales como Ignacio Del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, así como el encarcelamiento de activistas y ciudadanos de Atenco), Oaxaca ( a los pres@s polític@s del pasado Noviembre 06 se suman l@s que recientemente fueron injustamente detén@s,16 Julio07), La Minera San Xavier (San Luis Potosí), La Parota (Guerrero; asesintaos, militarización y detenciones políticas), Altermundistas en Yucatán y Gudalajara o la que se sigue dando en Chiapas contra los territorios zapatistas…pero existen muchas más, que aunque no se difundan en los medios masivos de comunicación no significa que no existan.

Si están interesados en conocer más detalles sobre algunos de estos actos represivos les recomendamos la página de enlace zapatista (sección denuncias; http://enlacezapatista.ezln.org.mx/category/denuncias/) o la de Vientos de libertad para conocer la historia de algun@s de l@s pres@s polític@s del país (http://espora.org/vientodelibertad)

Si un@ presta atención a los datos que se presentan en esas páginas nos damos cuenta que la represión sucede en TODO EL PAÍS, que a los represores no les IMPORTAN LOS MOTIVOS, y que Reprimen a tod@s, sean ORGANIZACIONES, COMUNIDADES ENTERAS, INDIVIDUOS, JOVENES, ANCIAN@S, INDÍGENAS, etc…Y DE DIFERENTS FORMAS (Golpes, torturas, encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, secuestros, hostigamientos y vigilancia,.etc..)

¿Cómo se ha dado la represión en Veracruz? (Ejemplos recientes)

Jun 15, 2007 Desalojo de tierras y encarcelamiento de adherentes, región Totonacapan-huasteca, Veracruz. Actualizado 5 julio.Compañer@s adherentes del Totonacapan nos informan sobre el desalojo y la represión a los campesinos del colectivo adherente Dorados de Villa

Tortura a Javier Islas Cruz (de la Red Unidos por los Derechos Humanos): Lea su testimonio en http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/760/#javier

Jan 20, 2007Veracruz- Denuncia intimidación por parte de gente de gobernación y militares en las tres huastecas (De 3 a 4 veces a la semana con tres mercedes benz 2 vehículos gumers aproximadamente de 100 a 120 elmentos bien armados con el fin de intimidar a la gente)

Jan 20, 2007: DF-Se teme por la integridad de Elena López Hernández defensora de los hermanos Tzompaxtle (La defensora de derechos humanos Elena López Hernández, viene participando en la defensa de los derechos humanos de los indígenas Gerardo y Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López).

¿Existe represión en la región de Orizaba?

FEMINICIDIOS como el de ERNESTINA ASCENSION por parte de militares tras un proceso de MILITARIZACIóN de la Sierra de Zongolica y en la región (el cual sigue dándose) lo único que trae es violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la zona y temor entre la población más vulnerable.

DETENCIONES ARBITRARIAS como la de los hermano Tzompaxtle que siguen presos en el Penal de Amatlán desde hace más de un año y que son injustamente acusados de delitos que no pueden comprobárseles (Aún no han sido procesados por falta de pruebas).

¿Que sienten y piensan al ser testig@s de esta represión?

Frente a la ESTRATEGIA NACIONAL DE REPRESIÓN: NUESTRA PROPUESTA

“Ante esta situación resulta pertinente ofrecer una resistencia organizada, regional y nacionalmente, pues contribuir a la fragmentación y desarticulación de la lucha que en cada localidad se lleva a cabo, es facilitar la continuidad de la guerra sucia y la aplicación de la estrategia de guerra de baja intensidad.”

¿Qué queremos? :
Nos encontramos ante una estrategia nacional de represión, que se hace realidad en cada localidad (aunque no salga en los medios de comunicación). Si estamos frente al terror tratando de hacerse cotidiano; si estamos frente a la desinformación y la manipulación mediáticas; si estamos frente a las violaciones más flagrantes de los derechos y libertades consagradas en la Constitución Mexicana; entonces debemos responder organizadamente para primero resistir, después detener y finalmente para hacer fracasar toda esa estrategia.

.- LIBERTAD Y JUSTICIA PARA TOD@S L@S PRES@S Y EL LIBRE REGRESO DE L@S EXILIAD@S Y DEPORTAD@S POR SU COMPROMISO SOCIAL.

.- PRESENTACIÓN CON VIDA DE L@S DESPARECID@S.

.- CESE AL HOSTIGAMIENTO Y PERSECUCIÓN DE LUCHADOR@S SOCIALES Y POLÍTIC@S.

.- DENUNCIAR Y MOVILIZARSE PARA DETENER LA TENDENCIA REPRESIVA Y MILITARISTA DEL GOBIERNO MEXICANO.

.- CASTIGO PARA LOS RESPONSABLES DE LA REPRESIÓN Y JUSTICIA PARA LOS ASESINADOS, DESAPARECIDOS, EXILIADOS, DEPORTADOS Y ENCARCELADO

Situación Extrema de Pobreza en todo el país, especialmente grave en Veracruz

El pasado 5 de Julio del 2007 el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo), órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, dio a conocer los mapas de pobreza en México y sus resultados no son nada alentadores, no sólo para 50 millones de mexicanos que viven en pobreza patrimonial sino y especialmente para los habitantes del sureste mexicano, entre ellos Veracruz, donde se concentran los niveles de pobreza más salvajes.

Mientras que un mexicano, Carlos Slim Helú es considerado la persona más rica del mundo existen 18,8 millones de mexicanos que sufren de pobreza alimentaria, 25,95 millones que padecen pobreza de capacidades y 49,7 millones que sufren pobreza de patrimonio. Es decir aproximadamente uno de cada 2 mexicanos enfrenta algún tipo de pobreza.

La pobreza describe un amplio rango de circunstancias asociadas con la dificultad al acceso y carencia de recursos para satisfacer las necesidades básicas que inciden en un deterioro del nivel y calidad de vida de las personas. La pobreza debe ser vista como el resultado de un modelo económico y social, ejercido y aplicado en un territorio y tiempo determinado, por los diversos agentes económicos y políticos, que producen en la sociedad sectores excluidos de los beneficios totales o parciales del modelo en ejecución.

Este estudio por parte del CONEVAL se realizó a partir de la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del 2005 y de los resultados definitivos del II Conteo de Población y Vivienda, 2005 donde se tomaron en cuenta indicadores de ingreso, educación, salud, seguridad social, alimentación, características y servicios disponibles en la vivienda y el grado de cohesión social.

Los Datos para Veracruz: ¡En Veracruz la Pobreza Late con Fuerza!

El estado de Veracruz es el tercer estado con mayor población, después de Estado de México y el Distrito Federal, con 7 millones110 mil 214 habitantes (INEGI, 2005). De estos el 28% (casi 2 millones de personas) enfrentan pobreza alimentaria, es decir, aun cuando hicieran uso de todo el ingreso disponible en el hogar para la compra únicamente de los bienes de la canasta básica alimentaria, este ingreso nos les alcanzaría. Asimismo más de dos millones y medio de habitantes veracruzanos enfrentan pobreza de capacidades, lo que significa que el ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, es insuficiente. Finalmente al menos 4 millones 216 mil 24 habitantes, más del 50% de la población veracruzana, enfrentan pobreza patrimonial, es decir, que el ingreso del hogar disponible para adquirir la canasta alimentaria, realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, es insuficiente (aún cuando supusiéramos que la totalidad del ingreso fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios).

Libertad bajo caución lograron los 10 nahuas de Ixhuatlán

La Otra Campaña ganó la libertad caucional de los campesinos indígenas de Ixhuatlán de Madero

Libertad bajo caución lograron los 10 nahuas de
Ixhuatlán de Madero
Todavía por delante el proceso de su defensa legal
Acusados de "despojo" por la familia Faisal Ramal y de
"ultrajes" por el gobierno
Lentitud del proceso, el expediente viajó ida y vuelta
de Chicontepec a Jalacingo

Zapateando.– Salieron libres bajo caución, este 4 de julio, los diez campesinos indí genas nahuas de Ixhuatlán de Madero, quienes estuvieron 20 días presos en el penal de "mediana seguridad" de Villa Aldama, Veracruz. El miércoles 4, a las 7:15 de la noche, después de trámites burocráticos que iniciaron a las 8 de la mañana, y tras un regateo del juez de Jalacingo, quien
pedía inicialmente 10 mil pesos de caución por cada uno, luego 5 mil, finalmente pagaron 2 mil pesos de caución cada uno. La tardanza para fijar la caución se debió a que el expediente de los campesinos, ya famosos como "Dorados de Villa", estuvo viajando de Chicontepec a Jalacingo,
de ahí a Villa Aldama, de regreso a Chicontepec y luego llegó de nuevo a Jalacingo, tiempo en que el juez no podía seguir el asunto, aunque la defensa ya tenía presentada su solicitud de que les fijaran caución.
El otro regateo fue en el penal de "mediana seguridad" de Villa Aldama, ya que primero querían dejar salir sólo a cinco, pero ya tenían boleta de libertad los diez, así que finalmente salieron del Cereso los indígenas nahuas: Domingo Francisco Verónica, Pedro Gutiérrez Hernández, Basilio Villa Antonio, Severo Antonio Hernández, Enrique Flores Catarina, Daniel de la Cruz Antonio, Luis Francisco Martínez, Antonio Santiago Hernández, Audecio Santiago Hernández y Alicio Martínez Cruz.
Los diez campesinos fueron detenidos el 14 de junio, en un violento operativo de la policía estatal en Ixhuatlán de Madero, junto con el observador de derechos humanos Javier Islas Cruz, quien, al igual que los diez campesinos, fue torturado, amenazado de muerte y, es su caso, botado en Teziutlán, Puebla, por elementos de Seguridad Pública del estado de Veracruz.
Todavía Antonio Santiago Hernández trae una ojiva de bala alojada en el glúteo, porque la policía desalojó a tiros a los campesinos de un terreno en el lindero entre Lomas del Dorado y Tzocohuite, municipio de Ixhuatlán de Madero, donde cría ganado la millonaria familia de Josefina Faisal Ramal.
La demanda contra los campesinos se redactó "en agravio" de Karla Elizabeth Assad Faisal, representada por su madre Josefina Faisal Ramal, y también "en agravio" de Blanca Estela Faisal Ramal, Marco Antonio Faisal Ramal y Blanca Estela Faisal Ramal hija. Además los acusan de daños en agravio del Gobierno del Estado de Veracruz, desobediencia y resistencia de
particulares y ultrajes a la autoridad en agravio del servicio público.
La boleta de libertad bajo caución remitida a , Enrique Parra Landa, director del Centro de Readaptación Social de Villa Aldama "Pericles Namorado Urrutia", en Cerro de León, Aldama, Ver., fue firmada por el juez del juzgado mixto de primera instancia de Jalacingo, Guillermo Vargas Hernández. Y da acuerdo con ella, los campesinos liberados deben firmar cada quince días.
La liberación de estos diez luchadores sociales presos se logró por la labor de su abogada Ana María Vera Cid, de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos AC, y por la difusión del caso en los medios alternativos, varios de ellos de la Otra Campaña, que alcanzó a medios convencionales nacionales, como La Jornada.
Los campesinos llegaron a Jalapa, la noche del 4 de julio, en compañía de su abogada y de un adherente a título personal de la Otra Campaña y los recibieron adherentes de la Otra Campaña en Jalapa y en Pachuca, Hidalgo.
Ahora deben continuar el proceso, la presentación de las pruebas y alegatos para su defensa de los cargos de que los acusan: despojo, daño a un chaleco antibalas con costo de 4 200 pesos, resistencia de particulares e injurias a los elementos de Seguridad Pública, quienes los desalojaron a tiros y los hicieron “confesar” bajo la “prueba reina” de la tortura.
A pesar de ello, los funcionarios del gobierno estatal, que hablaron del caso hasta seis días después del desalojo, han declarado siempre que "no se violaron sus derechos" y que los "trataron bien".
Todavía el 17 de junio, el subdirector de política regional del la subsecretaría de gobierno Roberto Alvarez Salgado declaraba a la prensa que ignoraba si los campesinos habían sido desalojados y si estaban presos, a pesar de que la policía actúo justo en el momento en que él se retiró de la "negociación" .
A partir del 20 de junio comenzaron las declaraciones gubernamentales, en las cuales ya reconocían la existencia de 10 campesinos presos, con la versión oficial sobre el caso, idéntica para funcionarios de la subsecretaría de gobierno y para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que públicamente jamás ha reconocido ni explicado la brutalidad policiaca y la
tortura que denuncian los indígenas nahuas.
El 5 de julio, con su radio con bocina "Tres Corazones", la Otra Huasteca Totonacapan y la Red
Unidos por los Derechos Humanos se manifestaron en la Plaza Lerdo jalapeña denunciando las violaciones a los derechos humanos de los "Dorados de Villa".

Garrotazos y amenazas de muerte a ‘Los Dorados’, en Veracruz

livia díaz Poza Rica, Ver., 25 de junio (apro-cimac).- Todos los campesinos que participaron en la toma de tierras en Lomas del Dorado “fueron golpeados e interrogados en presencia de los mismos policías que los habían trasladado a garrotazos, patadas y amenazas de muerte”, según la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos AC.

Diez integrantes de Los Dorados de Villa fueron presos en Villa de Aldama, entre ellos un menor, ancianos y un herido de bala al que por días no se le extrajo el proyectil, informó la comisión.

Detalló que “todos (fueron) golpeados, amenazados, interrogados sin traductor de su lengua y están en un penal lejano de su casa, lo que dificulta la asistencia familiar y legal”.

Este grupo de campesinos fue trasladado al penal de máxima seguridad de Villa Aldama, en Perote, luego de su desalojo del predio que ocupaba la familia Faisal y que fue tomado el pasado 10 de junio.

Dijeron que elementos de Seguridad Pública dispararon armas de fuego. La abogada que asumió su defensa informó que uno de los detenidos aún tenía alojada en su cuerpo una ojiva de bala calibre 22.

Según su testimonio, “todos fueron golpeados, interrogados bajo presencia de los mismos policías que los habían trasladado a garrotazos, patadas y amenazas de matarlos y dejarlos tirados en cualquier parte.”

En el interrogatorio del MP “no participó un traductor de la lengua materna de los campesinos, el náhuatl. Algunos, especialmente los más viejos, no hablan ni entienden bien el español”.

Para su traslado fueron golpeados, amarrados de las manos y, bajo amenazas de que los matarían y tirarían por el camino, interrogados en presencia de los policías que los habían trasladado y golpeado, sin abogado defensor y sin traductor del náhuatl.

Se quejaron de que los policías les quitaron relojes, cinturones, carteras con modestas cantidades de dinero (de ochenta o cien pesos), y a uno de ellos le sustrajeron también los anteojos. A casi todos los dejaron sin los zapatos.

Al principio de su encarcelamiento los tuvieron incomunicados y cabeza abajo. Uno dijo que no les han dado un jabón para bañarse.

A pesar que su caso lo llevará el juzgado de Chicontepec, donde les correspondería ser juzgados y, en su caso, absueltos, el juez actuará en Villa Aldama y Jalacingo, más cerca de Jalapa que de su natal Ixhuatlán de Madero.

En primer término se habría de lograr el derecho para que vean a sus familiares, que les fue negado desde su aprehensión.

De acuerdo con la comisión, los indígenas nahuas presos son:

Antonio Santiago Hernández de 34 años, originario de Piedra Grande Chicolito, municipio de Ixhuatlán de Madero, quien tenía una bala en el glúteo y no se la había sacado por días desde el 14 de junio en que los policías llegaron disparando para apresarlos. Un oído le molestaba por el ruido de las balas que dispararon los policías. Dijo que no se resistieron a la policía, pues sabían que si lo hacían les iría peor. Al igual que todos los campesinos, portaba un machete, su herramienta de trabajo en el campo.

Enrique Flores Catarina, de 60 años, de Lomas del Dorado, hablante de náhuatl como todos sus compañeros. Golpeado en el hombro, el pecho, la cintura. No entendía bien en el interrogatorio, porque todas las preguntas se hacían solamente en español. Buscaba un pedazo de tierra para poder mantener a su familia.

Audecio Santiago Hernández, de Piedra Grande Chicolito. Sabía que el grupo estaba dialogando con un funcionario de gobierno, para eso era la cita en la que por sorpresa los detuvieron.

Severo Antonio Hernández, de 16 años, originario de Lomas del Dorado. Al igual que sus padres, es campesino y sabía que las tierras son de ellos, de los campesinos. “Lo golpearon muy feo en la cabeza”.

Alicio Martínez Cruz, de 23 años, de Lomas del Dorado.

Domingo Francisco Verónica, de 65 años, de Lomas del Dorado, golpeado en las costillas, en la cara, mejillas, nariz y la rodilla izquierda.

Basilio Villa Antonio, de 31 años. Le quitaron su licencia de manejo y su tarjeta de circulación. Su camioneta puede ser la que la comunidad vio que destrozaron los policías el 14 de junio.

Pedro Gutiérrez Hernández, de 50 años, de Lomas del Dorado, golpeado en hombros, nariz y cara. Le dieron garrotazos en la espalda. Trabajó como peón para Miguel Faisal. De repente se confundió entre el nombre de la abogada y los nombres que trataba de recordar. Además de los golpes, no traía zapatos como la mayoría de los detenidos, que portan uniformes viejos.

Daniel de la Cruz Antonia, de 76 años, lastimado en la cara, mejillas y orejas. Le dieron garrotazos en la cabeza. Le dolía la zona lumbar y costillas. Es de Lomas del Dorado. Le dolía la garganta al intentar comer.

Luis Francisco Martínez, de 43 años, de Aguacate de Vinazco, municipio de Álamo. Le quitaron zapatos, cinturón, su machete. Tenía la noción de que a todos los trasladaron a Benito Juárez el 14 de junio, los detuvieron a las cinco de la tarde y a las cinco de la mañana del 15 de junio, en un lapso de 12 horas, los estaban ingresando en Villa Aldama.

FIDEL HERRERA ATACA A " LA OTRA CAMPAÑA"

El pasado 9 y 10 de junio, luego de inútiles trámites con el gobierno del estado de Veracruz para la recuperación de tierras ejidales en el municipio Ixhuatlán de Madero, campesinos de la comunidad Lomas del Dorado tomaron pacíficamente 513 hectáreas que legalmente les pertenecen, de las que fueron desalojados violentamente la tarde del jueves 14 de junio por el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, que mantiene la zona en estado de sitio.

Rompiendo un acuerdo de diálogo para la solución del conflicto, la policía estatal disparó con armas de fuego, robó y destruyó vehículos, y secuestró a por lo menos 12 personas que resultaron desaparecidas. Entre ellos se encuentran GABINO FLORES CRUZ, de la organización "Dorados de Villa", así como JAVIER ISLAS CRUZ, observador de la Red Unidos por los Derechos Humanos, A. C. (RUDH), adherentes a "La Otra Campaña". Javier Islas Cruz apareció el pasado Miércoles. Si quiere leer el testimonio de la tortura que vivió Javier Islas a manos de la policía estatal: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/760/#javier)
Sin embargo se confirma la desparición de una segunda persona al menos, FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, de 60 años.

Fuentes extraoficiales nos informan que los campesinos fueron trasladados a los municipios de Chicontepec y Benito Juárez, y posteriormente al penal de alta seguridad en Aldama (municipio de Perote), Veracruz. Sin embargo, el gobierno se niega a responder por estas acciones, sin dar información de dónde y cómo se encuentran los detenidos. Ante estos hechos:

Denunciamos la represión a los observadores de derechos humanos, y exigimos la presentación con vida y libertad de GABINO FLORES CRUZ y FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ , quienes fueron secuestrados por elementos de la policía estatal.

Exigimos la presentación con vida y libertad de todos los campesinos desaparecidos, quienes demandan el cumplimiento de la resolución presidencial que desde 1938 les dota de 2,472 hectáreas, las cuales han quedado en manos de la familia de Josefina Faisal Domínguez, ahora bajo la protección del gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Denunciamos el incumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades de gobierno, que una vez más traicionan el diálogo para la solución pacífica de los problemas sociales.

Denunciamos la protección a los ricos terratenientes y caciques, a quienes se les permite la posesión ilegal de tierras y pistoleros a sueldo, mientras que a los pobres se les pisotea y oprime.

Denunciamos los daños causados por la policía estatal durante el desalojo, así como el estado de sitio en la zona, intimidando a la población.

"Sembremos justicia y el fruto será la paz"
"Por un gobierno que mande obedeciendo"

Gabino Flores Cruz y Fernando Hernández Hernández- -PRESENTACION INMEDIATA-

- PRES@S POLITIC@S LIBERTAD!!!!_

La fotografía que presentamos es del mes de enero 07 cuando el compañero Gabino Flores se encontraba en Alamo, Veracruz.

Noticias del foro sobre ernestina (¿o sería un foro de como capitalizar mejor políticamente la situación?)

Elnombre del foro: "ERNESTINA, RECLAMO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS"

AUTONOMIA INDIGENA Y MUNICIPAL.

Bueno llegue un poco tarde al foro, y además fue de dos días, así es que solo escuche a Jesusa Rodríguez, Julio Atenco y algunos de los acuerdos del foro.

Por cierto el foro estuvo del asco, ademas había puro perredista.

Jesusa Rodríguez hablaba de comenzar una campaña de espectaculares con las palabras de Ernestina en Nahuatl, que son las siguientes: "Pinome xoxoke nopan omotlatlamotake"

pero antes pidio que alguien de las personas que se encontraban en el foro procedentes de lasierra se lo tradujeran.

Despues tambien sepuso a hablar de Shakespeare y una de sus obras titulada "LA VIOLACIÓN DE LUCRECIA" que es una mujer a la que un soldado viola y lo denuncia con su padre y su esposo, despues se quita lavida,pero sirvio, por que el apellido del soldado ha quedado marcado por generaciones y que el caso de Ernestina no debe que dar impune.(Debo decirles que era bastante la gente de la sierra y que no hablaban español o que lo hablaban muy poco).

Julio Atenco, dijo algo como estamos aki l@s Veracruzan@s por que nos preocupa esta problemática constante en la sierra de Zongolica, y que pocos de los medios del estado de Veracruz hablan sobre las constantes violaciones a los derechos humanos, tambien leyo antecedentes de Ernestina desde el 25 de febrero, y que el gobierno Federal y la CNDH ignoran las denuncias, así como las intervenciones de Felipe Calderon y Fidel GHerrera para exculpar a los soldados.

Algunas de las demandas son:

-intervención de la ONU y LaOEA, y de los organismos necesarios para que termine este clima en la SIERRA DE VERACRUZ.

-renuncia del titular de la CNDH

-renuncia del procurador Emeterio

-renuncia de la prsidenta de la comisión estatal de derechos humanos del estado Noemi

-Cese al hostigamiento de luchadores sociales.

-esclarecimiento de los asesinatos de las 2 mujeres de la sierra de Zongolica Ernestina Asencio y Adelaida.

-no mas militares en la sierra de Zongolica

-dialogo con el ejercito

-crear un organismo de defensa para los indigenas

-pedir apoyo a la organizació Argentina (pericial) que trabaja en el caso de las muertas de juarez.

que el ejercito regrese a los cuarteles

ahhhhh!!!!! tambien propusieon un Encuentro entre pueblos indios, geniales no??? como no se le había ocurrido a alguien no creen???

y sobre todo dicen que hay que estar en alerta por y con toda la Violencia de Genero contra las mujeres que se da en la sierra de Zongolica.

y ya no mas para terminar Jesusa Rodríguez, le regalo a Pascuala(el presidente de atzompa) la película del violin, por cierto Pirata, uyyyyyy el PRD no da para más????

Veracruz In-Seguro se extiende a todo el estado

El secretario de Seguridad Pública, Juan Manuel Orozco Méndez, confirmó que el Operativo Veracruz Seguro se ha extendido en todo el territorio del estado, con la participación de policías municipales estatales, federales y el propio Ejército. “Tenemos 212 municipios (...) y debemos tener la seguridad, la vigilancia, desde Pánuco hasta Las Choapas”.
Orozco Méndez aseguró igualmente que las delegaciones de la SSP operan con eficacia (¿será?), de ahí que calificara la labor de los elementos a su cargo como profesional y dedicada. “Consideramos que dentro del trato que tienen con la gente, a la hora de aplicar la ley lo hacen bien”, destacó. (¿eso incluirá violaciones a los derechos humanos? ¿arbitrariedad en las detenciones? ¿abuso de poder?)
Por otra parte, celebró la determinación de Tránsito del Estado de revisar a todos los vehículos sospechosos que circulen por la entidad, como serían aquellos que lo hacen sin placas o con los vidrios polarizados.(¿esperemos que también revisen a los de la AFI,la PFP, las policía municipal y la de algunos gobernantes?) Dijo que la SSP cuenta de manera permanente con un programa de “despistolización” para recibir armas que entregue voluntariamente la ciudadanía a cambio de otro producto.

Pues decirles que acá en la región de Orizaba les estaremos esperando, y NO porque nos guste que nos vayan a acusar falsamente de narcos, talamontes o quien sabe que, sino porque ya nos sentimos algo INSEGUROS (inseguridad alimentaria, de vivienda, acoso, seguimiento y fotografías en el parque por parte de orejas).
NO SON BIENVENIDOS. Eso sí ya que vienen no estaría mal que se llevaran a algún que otro delincuente en cargos públicos: acosadores sexuales, encubridores, los que malversan fondos, los que imparten injusticia,....

Recordando a Ernestina y a Atenco

Ayer Domingo volvimos a salir el parque para denunciar la impunidad que sufrieron y siguen enfrentando l@s compañer@s detenid@s en Atenco hace poco más de un año. Asimismo denunciamos una vez más el manejo político de la justicia y exigimos el esclarecieminto y castigo a los responsables de la violación y asesinato de Ernestina Asecensión. Una vez más fuimos fotografiados y intimidados por miembros de la policía secreta, del ejército,etc.. simplemente por hacer una denuncia en el parque público.

A continuación presentamos unos versos publicados hoy en la jornada de Saúl Ibaragoyen:

"SIMPLE PESADILLA POR ATENCO"

Al pueblo de San Salvador Atenco, brutalmente asaltado por "las fuerzas del orden" en mayo 2006

1.El hombre Juan miró el fragor de aquel cielo:
caudas de aire azulsucio expulsaban sus pálidos ojos.

Las nubes eran ubres de piedra opacada
con estrías de súbitos blancores:
no había jinetes sobre caballos oscurecidos
en medio del simple amanecer:
no había ruidos de dientes petrificándose
ni vísceras de flores descompuestas:
nada había
más que un cúmulo de sombras
y desaseadas transparencias
con sus pelos mojados
como raíces de negror insuficiente:
nada más que fragmentos de otras bocas
no palabras ni estallantes sílabas
entre melodías putrefactas:
ni olores a ombligo partido
ni excitados cuchillos hurgando
vientres desprotegidos y de ácido temblor.

Nada ni palos o garrotes
ni escudos de turbia cristalería
o gritos como coágulos chorreando
brutales sustancias en calles y banquetas.

Ni carros de guerra entre moscas de metal delirante
lastimando el humo desayunero
la grasa alimentaria el primer sudor:
violentando maderas y almohadas
y asesinando huesos ventanas cortinas.

El hombre Juan miró
hacia la cáscara renegrida de aquel cielo:
harapos de luz se descolgaban
como banderas de sangre resurrecta.

LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S POLÍTIC@S

Las notas publicadas el día de hoy 8 de Mayo en la Jornada son simptomáticas de la realidad del país, del instalado clima de represión contra cualquier expresión disidente; cualquier expresión que exija Transparencia, Justicia y Ley. LA respuesta del gobierno: sentencias desproporcionadas y fundamentadas erróneamente para encarcelar a luchadores sociales, apoyo a grandes transnacionales a través de procesos corruptos, jóvenes pres@s por manifestarse pacíficamente. SERÁ ESTE EL ESTADO DEMOCRÁTICO QUE HEREDAREMOS?

Minera de San Xavier, Frente de los Pueblos en Defensa de los Pueblos, Altermundistas de Yucatán, Comuneros de la Parota, Obispos hostigados en Coahuila, Hermanos Tzompaxtle, Gloria Arenas, Jacobo Silva, y muchos otr@s compañer@s.....vuestra lucha es nuestra lucha. No están SOLOS!!!

Recuperan su libertad 4 de los 19 altermundistas presos en Mérida

Mérida, Yuc., 7 de mayo. El ayuntamiento de Mérida dio por reparados los daños que ocasionaron en su propiedad, el 13 de marzo pasado, grupos de jóvenes altermundistas, por lo cual al menos cuatro de los 19 procesados obtuvieron hoy su libertad bajo fianza.

La madre de uno de los detenidos sufrió un desvanecimiento, ya que, argumentó, las fianzas son "exageradas". De igual forma, algunos abogados protestaron por los montos de las cauciones fijadas por la juez séptima de defensa social, Rubí González Alpuche.

A 11 arrestados se les impuso multa de 2 mil 904 pesos y caución de 10 mil, pues sólo se les seguirán procesos por daño en propiedad ajena y ataques peligrosos.

Los ocho restantes fueron sancionados con 5 mil 617 pesos y 15 mil de fianza, acusados de los ilícitos de daño en propiedad ajena, ataques peligrosos y portación de armas e instrumentos prohibidos.

Este lunes recuperaron su libertad Juan Carlos López Sierra, Claudia Cerón Vega, Yahaira Solís Carrillo y Julián Casanova Campos; sus procesos los enfrentarán fuera de prisión.

En el juzgado séptimo se presentaron Agustín de Atocha Xequé Ortegón y Carlos Macedonio Hernández, de asuntos jurídicos de la comuna emeritense, para firmar un acuerdo de desistimiento, pues algunos familiares de los detenidos habían realizado algunos pagos y de esa forma el monto de los daños no pudo ser cuantificado, motivo por el cual la juez ordenó la libertad bajo caución de los arrestados.

Estos, por su parte, firmaron un documento ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en el cual se desisten de los reclamos de tortura y maltrato de que fueron víctimas.
Se espera que en los próximos días los demás presos recuperen su libertad, luego que cubran sus respectivas fianzas.

Excarcelan en SLP a 5 estudiantes que protestaron contra Minera San Xavier

Liberados hoy, cinco estudiantes potosinos, uno de ellos menor de edad, estuvieron a punto de pasar largo tiempo en prisión por su participación este primero de mayo en una protesta contra la explotación a cielo abierto del cerro San Pedro, que la empresa canadiense Minera San Xavier (MSX) realiza con respaldo gubernamental, no obstante el rechazo de la población de la capital y la región central de San Luis Potosí.

Habían sido detenidos Helios Barragán Beltrán, de 19 años de edad; Francisco Octavio López López, de 16; Oscar David Reyes Medrano, de 20; Adrián Mireles Alonso, de 20, y José Emilio Grimaldo Sánchez, de 21. Todos fueron severamente golpeados por agentes policiacos y el 2 de mayo exhibidos vejatoriamente en la televisión local, como si fueran delincuentes comunes. Familiares de los jóvenes se negaron hoy a confirmar su liberación.

Según el Comité Juvenil y Estudiantil por la Libertad de Nuestros Compañeros, "el gobierno de Marcelo de los Santos los acusó de delitos desproporcionados, como motín, asociación delictuosa y daños a inmuebles". Esos cargos, que impedían su libertad bajo fianza, "son un claro golpe a la libertad de expresión y pretenden dar una 'lección' a la juventud potosina deteniendo a algunos de los más reconocidos activistas estudiantiles de la ciudad".

El primero de mayo "el gobierno potosino montó un operativo dirigido contra parte del contingente, integrado por unos 60 jóvenes, quienes después de recibir agresiones decidieron retirarse hacia una 'casa Okupa', pasando por la Alameda", detalla la denuncia. "Allí se inició una persecución hasta la mencionada casa, dejando al menos una decena de heridos y cinco detenidos, jóvenes que al igual que cualquiera de nosotros tienen derecho a expresar libremente sus ideas".

La selectiva acción de las fuerzas del orden resultó similar a la aplicada un mes atrás en Mérida, Yucatán, contra jóvenes inconformes por la visita del presidente estadunidense George W. Bush. Los gobiernos panistas de ambas entidades siguen el guión inaugurado en 2005 por el actual secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, entonces gobernador de Jalisco. En todos los casos hubo detenidos y decenas de heridos por la injustificada violencia de policías y granaderos.

Ahora se teme la aprehensión de miembros del Frente Amplio Opositor (FAO); al menos su asesor legal, Enrique Rivera Sierra, debió abandonar San Luis Potosí, pues la policía sitió su casa para llevarlo preso.

Por su parte, los colectivos Rincón Rupestre, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, de Quintana Roo, al recordar los "hechos vergonzosos" en San Salvador Atenco, señalaron hoy que "el terrorismo de Estado sigue implantándose en México".

Un año después, "los tres niveles de gobierno y los partidos políticos (PRI, PAN y PRD) que orquestaron los hechos violentos en Atenco se lavan las manos, mientras aprueban la Ley del ISSSTE, tiro de gracia para lo poco que queda del Estado-nación, enterrando las victorias de la Revolución Mexicana y dándole la palabra al mercado neoliberal, feroz monstruo que destruye formas de ser, actuar y pensar de todo aquel que no encaja con la compra y la venta".

Los colectivos quintanarroenses, adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, evalúan que la política nacional se muestra "al principio de un Estado fascista, una dictadura militar que se disfraza como lucha contra el narcotráfico y en la cual los medios de comunicación ponen a los verdugos como víctimas, pidiendo a la sociedad un voto de confianza para el Ejército y la policía".

A un año de Atenco, concluyen, "ni mil ejércitos podrán acabar con el anhelo más grande: la libertad. Tendrán que hacer más cárceles y campos militares; no hemos creído en su palabra, pues han demostrado que sólo significa encarcelamiento y represión. No dejaremos de luchar hasta ver a nuestros compañeros libres y rompiendo oídos necios en las calles".

La sentencia a líderes del FPDT, amenaza del Estado

La sentencia a 67 años y medio de prisión contra los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) justo cuando se cumplía el aniversario "de la brutal represión" que vivieron los pobladores de San Salvador Atenco, es "una clara advertencia desde el poder del Estado al movimiento social para que ceje en su empeño de pedir la libertad de sus presos políticos y de mantener su lucha legítima para decidir sobre sus territorios", señaló la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH).

La organización -que hace casi un año elaboró una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron las fuerzas públicas durante la toma de Atenco y Texcoco los días 3 y 4 de mayo de 2006 como "torturas, detenciones ilegales, violaciones sexuales, homicidios" y otros- aseveró que las condenas dictadas el pasado viernes por la noche contra Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, por su "presunta" participación en el secuestro de funcionarios estatales en febrero y abril, "son arbitrarias y desproporcionadas".

Por ello, exhortó a las autoridades competentes a que dicha resolución "no sea la señal para el inicio de una nueva ola de represión contra el pueblo de San Salvador Atenco".

La comisión, conformada por activistas de países principalmente europeos, consideró que los sentenciados "no han gozado del derecho de la presunción de inocencia", establecido en acuerdos internacionales, y agregó que, aunque el juez penal de Toluca -quien dictó la sentencia- asegura que existen suficientes elementos que comprueban la culpabilidad de los líderes del FPDT, "la defensa legal ha demostrado de forma efectiva que los acusados no estaban en el lugar de los hechos en el momento en que éstos supuestamente se produjeron".

La ONG añadió que otro de los elementos que el juzgador no consideró para dictar sentencia es que la parte acusadora "no ha sido capaz de aportar testimonios, ni siquiera de las presuntas víctimas del secuestro, que probaran la comisión del delito".

Respecto de la imputación de la Procuraduría General de Justicia del estado de México para que se aplique la sentencia máxima (que para ambos "secuestros" sería de 120 años de prisión) a los inculpados, la CCIODH subrayó: "La saña con que está actuando la procuraduría de justicia estatal (al hacer dicha solicitud), contrasta con su absoluta falta de voluntad para investigar los graves delitos cometidos por las fuerzas policiales estatales y federales durante los días 3 y 4 de mayo; pues los culpables materiales e intelectuales de entre otros delitos perfectamente documentados, como homicidio, tortura y violaciones sexuales tumultuarias, permanecen hasta el momento en libertad y gozan de total impunidad".

Finalmente, la organización subrayó que la resolución del juez contra los líderes del FPDT "es especialmente grave", porque ocurre en el contexto de las recientes declaraciones de un legislador priísta de reactivar el aeropuerto alterno al de la ciudad de México en la región de Texcoco y Atenco.

Por ello, subrayó, los pobladores de esos municipios enarbolan "una reivindicación absolutamente legítima: no ser expulsados y decidir sobre el territorio y los recursos naturales en los que han vivido por generaciones".

Después del Traslado a Molino de Flores

Detenidos de Atenco cambian de infierno; Molino de Flores, ''peor que Santiaguito''

Acusan ''complicidad'' de las autoridades de ese centro carcelario ubicado en Texcoco

BLANCHE PETRICH

Los 18 detenidos en San Salvador Atenco hace un año, procesados por diversos delitos y trasladados el martes pasado del penal de Santiaguito al de Molino de Flores, en Texcoco, denunciaron que han sido amenazados "de muerte y de golpizas por parte de otros reos que gozan de protección de las autoridades penitenciarias".

Rosaura de Selvas, esposa del médico Guillermo Selvas y madre de Mariana Selvas, ambos ''presos políticos'', informó que, según informes de los detenidos, sus condiciones de reclusión son intolerables: en la sección para varones, en celdas para seis presos son hacinados hasta 25; se dispone de cuatro letrinas para 200 personas, hay asaltos constantes donde el principal botín son las apreciadísimas tarjetas para llamar por teléfono. El grupo de Atenco sufre amenazas y aislamiento y han escuchado que los asesinatos en el interior de esta cárcel "son moneda común".

Dos de los jóvenes detenidos sufren síndrome de depresión profunda y hablan de su intención de suicidio. Las constantes solicitudes para que se atienda el grave problema de salud mental de estos dos muchachos han sido desatendidas por todas las autoridades aludidas.

La corrupción en el penal es otro problema grave. Existe en Molino de Flores la conocida "área verde", donde reos con privilegios pagan 5 mil pesos al mes por una celda individual. En el área de visitas se cobra inclusive el derecho a mesas (20 pesos) y sillas (cinco).

¿La CNDH?, bien...

En dos ocasiones, la señora Selvas y otros familiares de los prisioneros de Atenco han acudido con la segunda visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Susana Pedroza, encargada del caso. ''Ni siquiera ha querido recibirnos y escucharnos personalmente. Ella dice que ya nada tiene que ver con el asunto. Sus asistentes nos indican que tenemos que acudir a la comisión mexiquense de derechos humanos. Ahí es peor. Lo único que hemos logrado es que los representantes de la comisión del estado de México hagan visitas de cortesía al director del penal, Gilberto Trinidad Gutiérrez. Ni siquiera han intentado escuchar la versión de los presos".

Rosaura de Selvas, junto con una docena de madres y familiares de los presos mantiene en condiciones de extrema dificultad un plantón frente al penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya. "Pero si pensábamos que las condiciones de Santiaguino eran injustas y muy duras, nunca imaginamos que podía haber algo peor. Molino de Flores es un infierno, según nos dicen nuestros reclusos".

En efecto, este Cereso, uno de los más reducidos del estado de México, fue construido para contener 350 presos. Actualmente alberga a mil 500.

La semana pasada, luego de que el juez Juan Maldonado fuera declarado incompetente para conocer los juicios de los presos de Atenco, el expediente fue recibido por el juez primero de Texcoco, Juan Alberto Cervantes. Fueron trasladados a Molino de Flores la mazahua Magdalena García Durán; las floristas de Texcoco María Luisa López Mora y Norma Jiménez Osorio; Mariana Selvas, y Cecilia Ramírez. También el doctor Guillermo Selvas, padre de Mariana, y los estudiantes Vicente García Murguía, Jorge Armando Ramírez Aguilar, David Medina Neri, Martín Garrido Romero, Oscar Hernández Pacheco y Juan Carlos Estrada Cruces. Se espera que otros 14 presos que aún quedan en Santiaguito sean cambiados a Texcoco en breve.

Apenas se realizó el traslado, Juan Carlos Estrada, uno de los detenidos recién llegado fue atacado y golpeado brutalmente por los internos de Molino de Flores. Según denuncia de Rosalía de Selvas, presos del área de sentenciados se infiltran a la zona de reclusión de los reos en proceso, con el tácito permiso de los custodios. Estos son los que amenazan al grupo de Atenco.

En ese mismo penal, pero aislado del resto de detenidos en los hechos del 3 y 4 de mayo del año pasado, se encuentra otro atenquense, Juan Ramírez. Este fue quien, el día de la invasión policiaca a San Salvador Atenco, según las tomas aéreas de las televisoras, golpeó y pateó brutalmente a un policía federal preventivo. Según testigos, estos hechos ocurrieron pocos momentos después de que un adolescente del pueblo, Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, cayera muerto por los disparos de la policía.

Lo que las televisoras no informaron posteriormente fue que Ramírez fue capturado ese mismo día y golpeado y torturado a tal grado que la policía, creyendo que había muerto, tiró su cuerpo en un descampado. Rescatado y hospitalizado, el atenquense se recuperó. Cuatro meses más tarde, después de una intensa búsqueda en la que algunos miembros de su familia fueron inclusive torturados, según denuncias de los defensores de los detenidos, se descubrió su escondite y fue detenido. Su causa penal no es considerada como parte del expediente de San Salvador Atenco y su familia, aislada a causa de las amenazas oficiales, ha pedido que no se le mencione.