Libertad bajo caución lograron los 10 nahuas de Ixhuatlán

La Otra Campaña ganó la libertad caucional de los campesinos indígenas de Ixhuatlán de Madero

Libertad bajo caución lograron los 10 nahuas de
Ixhuatlán de Madero
Todavía por delante el proceso de su defensa legal
Acusados de "despojo" por la familia Faisal Ramal y de
"ultrajes" por el gobierno
Lentitud del proceso, el expediente viajó ida y vuelta
de Chicontepec a Jalacingo

Zapateando.– Salieron libres bajo caución, este 4 de julio, los diez campesinos indí genas nahuas de Ixhuatlán de Madero, quienes estuvieron 20 días presos en el penal de "mediana seguridad" de Villa Aldama, Veracruz. El miércoles 4, a las 7:15 de la noche, después de trámites burocráticos que iniciaron a las 8 de la mañana, y tras un regateo del juez de Jalacingo, quien
pedía inicialmente 10 mil pesos de caución por cada uno, luego 5 mil, finalmente pagaron 2 mil pesos de caución cada uno. La tardanza para fijar la caución se debió a que el expediente de los campesinos, ya famosos como "Dorados de Villa", estuvo viajando de Chicontepec a Jalacingo,
de ahí a Villa Aldama, de regreso a Chicontepec y luego llegó de nuevo a Jalacingo, tiempo en que el juez no podía seguir el asunto, aunque la defensa ya tenía presentada su solicitud de que les fijaran caución.
El otro regateo fue en el penal de "mediana seguridad" de Villa Aldama, ya que primero querían dejar salir sólo a cinco, pero ya tenían boleta de libertad los diez, así que finalmente salieron del Cereso los indígenas nahuas: Domingo Francisco Verónica, Pedro Gutiérrez Hernández, Basilio Villa Antonio, Severo Antonio Hernández, Enrique Flores Catarina, Daniel de la Cruz Antonio, Luis Francisco Martínez, Antonio Santiago Hernández, Audecio Santiago Hernández y Alicio Martínez Cruz.
Los diez campesinos fueron detenidos el 14 de junio, en un violento operativo de la policía estatal en Ixhuatlán de Madero, junto con el observador de derechos humanos Javier Islas Cruz, quien, al igual que los diez campesinos, fue torturado, amenazado de muerte y, es su caso, botado en Teziutlán, Puebla, por elementos de Seguridad Pública del estado de Veracruz.
Todavía Antonio Santiago Hernández trae una ojiva de bala alojada en el glúteo, porque la policía desalojó a tiros a los campesinos de un terreno en el lindero entre Lomas del Dorado y Tzocohuite, municipio de Ixhuatlán de Madero, donde cría ganado la millonaria familia de Josefina Faisal Ramal.
La demanda contra los campesinos se redactó "en agravio" de Karla Elizabeth Assad Faisal, representada por su madre Josefina Faisal Ramal, y también "en agravio" de Blanca Estela Faisal Ramal, Marco Antonio Faisal Ramal y Blanca Estela Faisal Ramal hija. Además los acusan de daños en agravio del Gobierno del Estado de Veracruz, desobediencia y resistencia de
particulares y ultrajes a la autoridad en agravio del servicio público.
La boleta de libertad bajo caución remitida a , Enrique Parra Landa, director del Centro de Readaptación Social de Villa Aldama "Pericles Namorado Urrutia", en Cerro de León, Aldama, Ver., fue firmada por el juez del juzgado mixto de primera instancia de Jalacingo, Guillermo Vargas Hernández. Y da acuerdo con ella, los campesinos liberados deben firmar cada quince días.
La liberación de estos diez luchadores sociales presos se logró por la labor de su abogada Ana María Vera Cid, de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos AC, y por la difusión del caso en los medios alternativos, varios de ellos de la Otra Campaña, que alcanzó a medios convencionales nacionales, como La Jornada.
Los campesinos llegaron a Jalapa, la noche del 4 de julio, en compañía de su abogada y de un adherente a título personal de la Otra Campaña y los recibieron adherentes de la Otra Campaña en Jalapa y en Pachuca, Hidalgo.
Ahora deben continuar el proceso, la presentación de las pruebas y alegatos para su defensa de los cargos de que los acusan: despojo, daño a un chaleco antibalas con costo de 4 200 pesos, resistencia de particulares e injurias a los elementos de Seguridad Pública, quienes los desalojaron a tiros y los hicieron “confesar” bajo la “prueba reina” de la tortura.
A pesar de ello, los funcionarios del gobierno estatal, que hablaron del caso hasta seis días después del desalojo, han declarado siempre que "no se violaron sus derechos" y que los "trataron bien".
Todavía el 17 de junio, el subdirector de política regional del la subsecretaría de gobierno Roberto Alvarez Salgado declaraba a la prensa que ignoraba si los campesinos habían sido desalojados y si estaban presos, a pesar de que la policía actúo justo en el momento en que él se retiró de la "negociación" .
A partir del 20 de junio comenzaron las declaraciones gubernamentales, en las cuales ya reconocían la existencia de 10 campesinos presos, con la versión oficial sobre el caso, idéntica para funcionarios de la subsecretaría de gobierno y para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que públicamente jamás ha reconocido ni explicado la brutalidad policiaca y la
tortura que denuncian los indígenas nahuas.
El 5 de julio, con su radio con bocina "Tres Corazones", la Otra Huasteca Totonacapan y la Red
Unidos por los Derechos Humanos se manifestaron en la Plaza Lerdo jalapeña denunciando las violaciones a los derechos humanos de los "Dorados de Villa".