Reprimen policías a indígenas cerca de Xalapa

Puente Nacional, Ver., 19 de mayo. Con el apoyo de 200 patrullas, perros de ataque y gases lacrimógenos, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Federal Preventiva (PFP) interceptaron una caravana de campesinos huastecos y totonacos que se dirigían a esta ciudad para instalar un plantón en protesta porque el gobernador Fidel Herrera Beltrán no ha cumplido la promesa de entregar 10 mil hectáreas a 2 mil familias de la zona norte del estado.

Los indígenas, adheridos a la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), denunciaron que cuatro de sus dirigentes, entre ellos Rafael Jacobo y José Jacobo Femat, líderes nacionales, fueron detenidos, y 10 de sus compañeros desaparecieron.

Sólo 100 de los alrededor de 2 mil 500 manifestantes llegaron a la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en Jalapa, donde instalaron un plantón frente a las oficinas del mandatario priísta, a quien exigieron liberar a los detenidos y presentar a los desaparecidos.

“Pedimos tierra y nos respondes con policías y perros. ¡Eres el Hitler veracruzano!”, gritaron frente al palacio de gobierno los campesinos, provenientes del Totonacapan y la Huasteca alta veracruzana.

Mil campesinos que lograron pasar la caseta de peaje fueron sitiados por unas 200 patrullas cerca del edificio conocido como Agrocentro, en el municipio de Puente Nacional, cerca de Jalapa.

Los agentes retuvieron allí a la mayoría de los labriegos, con apoyo de efectivos de la PFP. Los manifestantes dijeron que los policías arrojaron gas lacrimógeno a los vehículos donde viajaban, pese a que en ellos iban niños, mujeres y ancianos.

“Los que se resistieron fueron bajados a culatazos y macanazos. Nos decían: ‘Si vienen a molestar al gobernador se van a chingar –relató Sergio Pérez, de la comunidad Lázaro Cárdenas, en Papantla–. Hasta a las mujeres con niños pequeños les acercaban los perros para que los mordieran”, agregó José Luis Peña, originario de Vistahermosa, Papantla.

Policías estatales y federales interceptaron una marcha de campesinos indígenas de la Huasteca alta y el Totonocapan que se dirigían a la capital del estado. En la imagen, labriegos retenidos en las instalaciones del edificio conocido como Agrocentro Foto: Sergio Hernández Vega

Octavio Antonio Reyes, secretario general de la Cocyp en el estado, denunció que los dirigentes regionales José Juárez Ambrosio y Mariano Hernández fueron detenidos.

Entre las personas reportadas como desaparecidas están Martha Gómez León, de 18 años de edad, junto con su hijo Marcelino Gómez Salazar, de 10 años, y su madre, Josefa Salazar Gómez, de 50; Teresa León Gómez, de 45 años; Petrona Gómez García, de 75 años, así como Juana Francisco, de 40 años.

Durante ocho horas, los dirigentes de la Cocyp fueron retenidos sin ser presentados ante autoridad alguna. Por la tarde, Irma Ramírez Rubio, asesora jurídica de la organización, informó que los indígenas “no podían comunicarse debido a que les recogieron sus teléfonos celulares”

Empeora el estado de salud de indígenas choles recluidos en el penal de Yajalón

LaJornada, 4 de mayo. Los dos presos zapatistas de origen chol que permanecen en el Centro de Readaptación Social (Cereso) 12 de Yajalón no parecen haber mejorado sus condiciones de reclusión a pesar de que son sólo huéspedes del sistema penitenciario chiapaneco, donde no existe ninguna causa penal en contra suya, y sí el compromiso gubernamental de liberarlos.

Además de permanecer sin atención médica, por más que está demostrado que la necesitan, Francisco Pérez Vázquez y Ángel Concepción Pérez Gutiérrez ahora no pueden recibir más visitas que de sus familiares, y ni siquiera éstos la tiene fácil. Luego de pasar 11 años y ocho meses en la cárcel municipal de Tacotalpa, en el vecino Tabasco, su caso fue “atraído” por las autoridades chiapanecas, quienes los internaron en el centro penitenciario de la zona norte. Y allí siguen, aislados en una celda.

Francisco, don Panchito, ya septuagenario, se encuentra en malas condiciones de salud, y como las autoridades le dan atención a cuentagotas, recurrió a sus compañeros para conseguir medicamentos. Esta mañana intentaron entregárselos cuatro miembros de Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE), amigos de Ángel y Francisco que viajaron a Yajalón para visitarlos: “cuando llegamos a la entrada principal del Cereso, el personal de seguridad nos dijo que no los podíamos visitar, que únicamente sus familiares. Preguntamos por qué, dijimos que es el día de visita, y nos respondieron que son disposiciones del director, y ellos acatan las órdenes”, refieren los visitantes.

“Como no nos permitieron entrar, le pedimos de favor al personal de seguridad que entregue los alimentos y medicinas que llevábamos para nuestros compañeros presos. Entregamos una bolsa de nylon que contenía alimentos, medicinas, papel de baño, litros de agua y un cuaderno que nos habían pedido. Cuando estábamos ya de regreso, de nuevo salen con las bolsas que habíamos entregado. Que ellos no iban a ser responsables de entregar”.

Los activistas y amigos de Francisco y Ángel relatan: “vimos que salieron a tirar afuera del penal, a la orilla de la carretera, la bolsa. Nuestros compañeros quedaron sin alimentos y medicinas. Por eso estamos denunciando estas arbitrariedades. Su estado de salud cada día se pone crítico, necesitan atención médica adecuada”, reclaman los miembros del PUDEE.

“Nuestros compañeros llevan ocho días en este penal. Hemos logrado en dos ocasiones entrar a visitarlos. En las dos (el personal de seguridad) nos ha interrogado como si fuéramos los enjuiciados o sentenciados. Nos preguntamos por qué nos hacen eso. Sabemos que no debemos nada, mucho menos nuestros compañeros presos. Son inocentes de los delitos que los acusan. Por eso decimos ‘ya basta’ de injusticia, exigimos su libertad”, concluye el PUDEE, que agrupa comunidades y grupos civiles de Tila, Tumbalá, Salto de Agua, Yajalón y Sabanilla, adherentes de la otra campaña.

2ndo aniversario de la represión al FPDT: La impunidad sigue presente

A dos años de las violaciones de los derechos humanos en San Salvador Atenco (3 y 4 de mayo de 2006) por policías, “la constante ha sido la impunidad”, pues a la fecha no han sido castigados “de manera contundente” los responsables materiales e intelectuales de las agresiones, coincidieron víctimas, líderes del movimiento, organizaciones civiles y abogados de los detenidos.

Los saldos de esos hechos son: las muertes de Francisco Cortés Santiago, de 14 años, tras recibir un balazo calibre 38, usado por los uniformados, y de Alexis Benhumea, universitario herido en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno de la PFP, lo que lo tuvo más de un mes hospitalizado, falleciendo el 7 de junio de 2006.

También decenas de torturados y al menos 26 mujeres violadas y agredidas sexualmente –de las 47 detenidas– como acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 207 detenidos, entre ellos cinco extranjeros que fueron expulsados del país.

Varias personas viven una especie de exilio, porque existen órdenes de aprehensión en su contra. Leonel Rivero, abogado del FPDT, informó que es el caso de Adán Espinoza, Bernardino Cruz y Jorge Flores, acusados de secuestro, robo y privación de la libertad, quienes están a la espera de que se resuelva un amparo para evitar su detención. En tanto que para América del Valle, hija del líder del FPDT, el panorama no es alentador pues se agotaron los recursos legales para evitar su aprehensión al negársele un amparo y la revisión de éste.

De las acusaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) contra los 29 detenidos en San Salvador Atenco en mayo de 2006, se han diluido en los dos años transcurridos, pues la mayoría de los consignados ha demostrado su inocencia.

La PGJEM consignó los expedientes de los 29 detenidos al juez segundo penal de Toluca, quien días más tarde decretó la libertad para todos por delincuencia organizada, pero resolvió enjuiciar a 23 por secuestro y a 17 por ataques a las vías de comunicación. Cuatro más recuperaron su libertad de inmediato por no estar implicados. Cinco fueron deportadas por ser extranjeros y 11 remitidos a la Escuela de Rehabilitación para Menores Quinta del Bosque, donde permanecieron menos de dos meses.

ACTUALMENTE: Permanecen pres@s 16 hombres y mujeres : 12 esperan sentencia por secuestro equiparado (Patricia Romero Hernández, Juan Carlos Estrada Cruces, Román Ordóñez, Jorge Ordóñez, Alejandro Pilón Zacate, Narciso rellano, Raúl Romero, Arturo Sánchez Romero, Inés Rodolfo Cuellar, Edgar Eduardo Morales Reyes, Julio Cesar Espinosa Ramos, Oscar Hernández Pacheco en el penal de Molino de Flores, Texcoco), 1 por ataques a las vías de comunicación y los otros tres (Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo; penal de máxima seguridad del Altiplano) sentenciados a 67 años y medio de prisión por hechos distintos a los ocurridos el 3 y 4 de mayo en Texcoco y Atenco ( el secuestro por hechos ocurridos en febrero y abril de 2006). De estos últimos aún está pendiente la resolución por los acontecimientos de mayo 06. También están presos dos floristas de Texcoco detenidos el 3 de mayo de 2006, a quienes se imputaron portación de arma prohibida (machetes) y ultrajes, delitos no graves que alcanzan fianza. La PGJEM y el juez consideraron que ambos son “un peligro social”, por lo que enfrentan su proceso encarcelados.

Quienes perpetraron los abusos y “torturas”, delito considerado de lesa humanidad por organismos internacionales , no han sido sancionados. La justicia mexiquense inició proceso penal sólo contra 21 policías –de más de 2 mil que participaron en el operativo– por delitos no graves; 15 ya fueron exonerados, a cinco se les procesa por abuso de autoridad y están en libertad bajo fianza; mientras el pasado viernes fue sentenciado a tres años y dos meses de prisión por actos libidinosos el agente Doroteo Blas Marcelo; sin embargo, al no ser delito grave se le fijó una fianza de 8 mil 427 pesos para obtener su libertad.