Noticias del foro sobre ernestina (¿o sería un foro de como capitalizar mejor políticamente la situación?)

Elnombre del foro: "ERNESTINA, RECLAMO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS"

AUTONOMIA INDIGENA Y MUNICIPAL.

Bueno llegue un poco tarde al foro, y además fue de dos días, así es que solo escuche a Jesusa Rodríguez, Julio Atenco y algunos de los acuerdos del foro.

Por cierto el foro estuvo del asco, ademas había puro perredista.

Jesusa Rodríguez hablaba de comenzar una campaña de espectaculares con las palabras de Ernestina en Nahuatl, que son las siguientes: "Pinome xoxoke nopan omotlatlamotake"

pero antes pidio que alguien de las personas que se encontraban en el foro procedentes de lasierra se lo tradujeran.

Despues tambien sepuso a hablar de Shakespeare y una de sus obras titulada "LA VIOLACIÓN DE LUCRECIA" que es una mujer a la que un soldado viola y lo denuncia con su padre y su esposo, despues se quita lavida,pero sirvio, por que el apellido del soldado ha quedado marcado por generaciones y que el caso de Ernestina no debe que dar impune.(Debo decirles que era bastante la gente de la sierra y que no hablaban español o que lo hablaban muy poco).

Julio Atenco, dijo algo como estamos aki l@s Veracruzan@s por que nos preocupa esta problemática constante en la sierra de Zongolica, y que pocos de los medios del estado de Veracruz hablan sobre las constantes violaciones a los derechos humanos, tambien leyo antecedentes de Ernestina desde el 25 de febrero, y que el gobierno Federal y la CNDH ignoran las denuncias, así como las intervenciones de Felipe Calderon y Fidel GHerrera para exculpar a los soldados.

Algunas de las demandas son:

-intervención de la ONU y LaOEA, y de los organismos necesarios para que termine este clima en la SIERRA DE VERACRUZ.

-renuncia del titular de la CNDH

-renuncia del procurador Emeterio

-renuncia de la prsidenta de la comisión estatal de derechos humanos del estado Noemi

-Cese al hostigamiento de luchadores sociales.

-esclarecimiento de los asesinatos de las 2 mujeres de la sierra de Zongolica Ernestina Asencio y Adelaida.

-no mas militares en la sierra de Zongolica

-dialogo con el ejercito

-crear un organismo de defensa para los indigenas

-pedir apoyo a la organizació Argentina (pericial) que trabaja en el caso de las muertas de juarez.

que el ejercito regrese a los cuarteles

ahhhhh!!!!! tambien propusieon un Encuentro entre pueblos indios, geniales no??? como no se le había ocurrido a alguien no creen???

y sobre todo dicen que hay que estar en alerta por y con toda la Violencia de Genero contra las mujeres que se da en la sierra de Zongolica.

y ya no mas para terminar Jesusa Rodríguez, le regalo a Pascuala(el presidente de atzompa) la película del violin, por cierto Pirata, uyyyyyy el PRD no da para más????

Veracruz In-Seguro se extiende a todo el estado

El secretario de Seguridad Pública, Juan Manuel Orozco Méndez, confirmó que el Operativo Veracruz Seguro se ha extendido en todo el territorio del estado, con la participación de policías municipales estatales, federales y el propio Ejército. “Tenemos 212 municipios (...) y debemos tener la seguridad, la vigilancia, desde Pánuco hasta Las Choapas”.
Orozco Méndez aseguró igualmente que las delegaciones de la SSP operan con eficacia (¿será?), de ahí que calificara la labor de los elementos a su cargo como profesional y dedicada. “Consideramos que dentro del trato que tienen con la gente, a la hora de aplicar la ley lo hacen bien”, destacó. (¿eso incluirá violaciones a los derechos humanos? ¿arbitrariedad en las detenciones? ¿abuso de poder?)
Por otra parte, celebró la determinación de Tránsito del Estado de revisar a todos los vehículos sospechosos que circulen por la entidad, como serían aquellos que lo hacen sin placas o con los vidrios polarizados.(¿esperemos que también revisen a los de la AFI,la PFP, las policía municipal y la de algunos gobernantes?) Dijo que la SSP cuenta de manera permanente con un programa de “despistolización” para recibir armas que entregue voluntariamente la ciudadanía a cambio de otro producto.

Pues decirles que acá en la región de Orizaba les estaremos esperando, y NO porque nos guste que nos vayan a acusar falsamente de narcos, talamontes o quien sabe que, sino porque ya nos sentimos algo INSEGUROS (inseguridad alimentaria, de vivienda, acoso, seguimiento y fotografías en el parque por parte de orejas).
NO SON BIENVENIDOS. Eso sí ya que vienen no estaría mal que se llevaran a algún que otro delincuente en cargos públicos: acosadores sexuales, encubridores, los que malversan fondos, los que imparten injusticia,....

Recordando a Ernestina y a Atenco

Ayer Domingo volvimos a salir el parque para denunciar la impunidad que sufrieron y siguen enfrentando l@s compañer@s detenid@s en Atenco hace poco más de un año. Asimismo denunciamos una vez más el manejo político de la justicia y exigimos el esclarecieminto y castigo a los responsables de la violación y asesinato de Ernestina Asecensión. Una vez más fuimos fotografiados y intimidados por miembros de la policía secreta, del ejército,etc.. simplemente por hacer una denuncia en el parque público.

A continuación presentamos unos versos publicados hoy en la jornada de Saúl Ibaragoyen:

"SIMPLE PESADILLA POR ATENCO"

Al pueblo de San Salvador Atenco, brutalmente asaltado por "las fuerzas del orden" en mayo 2006

1.El hombre Juan miró el fragor de aquel cielo:
caudas de aire azulsucio expulsaban sus pálidos ojos.

Las nubes eran ubres de piedra opacada
con estrías de súbitos blancores:
no había jinetes sobre caballos oscurecidos
en medio del simple amanecer:
no había ruidos de dientes petrificándose
ni vísceras de flores descompuestas:
nada había
más que un cúmulo de sombras
y desaseadas transparencias
con sus pelos mojados
como raíces de negror insuficiente:
nada más que fragmentos de otras bocas
no palabras ni estallantes sílabas
entre melodías putrefactas:
ni olores a ombligo partido
ni excitados cuchillos hurgando
vientres desprotegidos y de ácido temblor.

Nada ni palos o garrotes
ni escudos de turbia cristalería
o gritos como coágulos chorreando
brutales sustancias en calles y banquetas.

Ni carros de guerra entre moscas de metal delirante
lastimando el humo desayunero
la grasa alimentaria el primer sudor:
violentando maderas y almohadas
y asesinando huesos ventanas cortinas.

El hombre Juan miró
hacia la cáscara renegrida de aquel cielo:
harapos de luz se descolgaban
como banderas de sangre resurrecta.

LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S POLÍTIC@S

Las notas publicadas el día de hoy 8 de Mayo en la Jornada son simptomáticas de la realidad del país, del instalado clima de represión contra cualquier expresión disidente; cualquier expresión que exija Transparencia, Justicia y Ley. LA respuesta del gobierno: sentencias desproporcionadas y fundamentadas erróneamente para encarcelar a luchadores sociales, apoyo a grandes transnacionales a través de procesos corruptos, jóvenes pres@s por manifestarse pacíficamente. SERÁ ESTE EL ESTADO DEMOCRÁTICO QUE HEREDAREMOS?

Minera de San Xavier, Frente de los Pueblos en Defensa de los Pueblos, Altermundistas de Yucatán, Comuneros de la Parota, Obispos hostigados en Coahuila, Hermanos Tzompaxtle, Gloria Arenas, Jacobo Silva, y muchos otr@s compañer@s.....vuestra lucha es nuestra lucha. No están SOLOS!!!

Recuperan su libertad 4 de los 19 altermundistas presos en Mérida

Mérida, Yuc., 7 de mayo. El ayuntamiento de Mérida dio por reparados los daños que ocasionaron en su propiedad, el 13 de marzo pasado, grupos de jóvenes altermundistas, por lo cual al menos cuatro de los 19 procesados obtuvieron hoy su libertad bajo fianza.

La madre de uno de los detenidos sufrió un desvanecimiento, ya que, argumentó, las fianzas son "exageradas". De igual forma, algunos abogados protestaron por los montos de las cauciones fijadas por la juez séptima de defensa social, Rubí González Alpuche.

A 11 arrestados se les impuso multa de 2 mil 904 pesos y caución de 10 mil, pues sólo se les seguirán procesos por daño en propiedad ajena y ataques peligrosos.

Los ocho restantes fueron sancionados con 5 mil 617 pesos y 15 mil de fianza, acusados de los ilícitos de daño en propiedad ajena, ataques peligrosos y portación de armas e instrumentos prohibidos.

Este lunes recuperaron su libertad Juan Carlos López Sierra, Claudia Cerón Vega, Yahaira Solís Carrillo y Julián Casanova Campos; sus procesos los enfrentarán fuera de prisión.

En el juzgado séptimo se presentaron Agustín de Atocha Xequé Ortegón y Carlos Macedonio Hernández, de asuntos jurídicos de la comuna emeritense, para firmar un acuerdo de desistimiento, pues algunos familiares de los detenidos habían realizado algunos pagos y de esa forma el monto de los daños no pudo ser cuantificado, motivo por el cual la juez ordenó la libertad bajo caución de los arrestados.

Estos, por su parte, firmaron un documento ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en el cual se desisten de los reclamos de tortura y maltrato de que fueron víctimas.
Se espera que en los próximos días los demás presos recuperen su libertad, luego que cubran sus respectivas fianzas.

Excarcelan en SLP a 5 estudiantes que protestaron contra Minera San Xavier

Liberados hoy, cinco estudiantes potosinos, uno de ellos menor de edad, estuvieron a punto de pasar largo tiempo en prisión por su participación este primero de mayo en una protesta contra la explotación a cielo abierto del cerro San Pedro, que la empresa canadiense Minera San Xavier (MSX) realiza con respaldo gubernamental, no obstante el rechazo de la población de la capital y la región central de San Luis Potosí.

Habían sido detenidos Helios Barragán Beltrán, de 19 años de edad; Francisco Octavio López López, de 16; Oscar David Reyes Medrano, de 20; Adrián Mireles Alonso, de 20, y José Emilio Grimaldo Sánchez, de 21. Todos fueron severamente golpeados por agentes policiacos y el 2 de mayo exhibidos vejatoriamente en la televisión local, como si fueran delincuentes comunes. Familiares de los jóvenes se negaron hoy a confirmar su liberación.

Según el Comité Juvenil y Estudiantil por la Libertad de Nuestros Compañeros, "el gobierno de Marcelo de los Santos los acusó de delitos desproporcionados, como motín, asociación delictuosa y daños a inmuebles". Esos cargos, que impedían su libertad bajo fianza, "son un claro golpe a la libertad de expresión y pretenden dar una 'lección' a la juventud potosina deteniendo a algunos de los más reconocidos activistas estudiantiles de la ciudad".

El primero de mayo "el gobierno potosino montó un operativo dirigido contra parte del contingente, integrado por unos 60 jóvenes, quienes después de recibir agresiones decidieron retirarse hacia una 'casa Okupa', pasando por la Alameda", detalla la denuncia. "Allí se inició una persecución hasta la mencionada casa, dejando al menos una decena de heridos y cinco detenidos, jóvenes que al igual que cualquiera de nosotros tienen derecho a expresar libremente sus ideas".

La selectiva acción de las fuerzas del orden resultó similar a la aplicada un mes atrás en Mérida, Yucatán, contra jóvenes inconformes por la visita del presidente estadunidense George W. Bush. Los gobiernos panistas de ambas entidades siguen el guión inaugurado en 2005 por el actual secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, entonces gobernador de Jalisco. En todos los casos hubo detenidos y decenas de heridos por la injustificada violencia de policías y granaderos.

Ahora se teme la aprehensión de miembros del Frente Amplio Opositor (FAO); al menos su asesor legal, Enrique Rivera Sierra, debió abandonar San Luis Potosí, pues la policía sitió su casa para llevarlo preso.

Por su parte, los colectivos Rincón Rupestre, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, de Quintana Roo, al recordar los "hechos vergonzosos" en San Salvador Atenco, señalaron hoy que "el terrorismo de Estado sigue implantándose en México".

Un año después, "los tres niveles de gobierno y los partidos políticos (PRI, PAN y PRD) que orquestaron los hechos violentos en Atenco se lavan las manos, mientras aprueban la Ley del ISSSTE, tiro de gracia para lo poco que queda del Estado-nación, enterrando las victorias de la Revolución Mexicana y dándole la palabra al mercado neoliberal, feroz monstruo que destruye formas de ser, actuar y pensar de todo aquel que no encaja con la compra y la venta".

Los colectivos quintanarroenses, adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, evalúan que la política nacional se muestra "al principio de un Estado fascista, una dictadura militar que se disfraza como lucha contra el narcotráfico y en la cual los medios de comunicación ponen a los verdugos como víctimas, pidiendo a la sociedad un voto de confianza para el Ejército y la policía".

A un año de Atenco, concluyen, "ni mil ejércitos podrán acabar con el anhelo más grande: la libertad. Tendrán que hacer más cárceles y campos militares; no hemos creído en su palabra, pues han demostrado que sólo significa encarcelamiento y represión. No dejaremos de luchar hasta ver a nuestros compañeros libres y rompiendo oídos necios en las calles".

La sentencia a líderes del FPDT, amenaza del Estado

La sentencia a 67 años y medio de prisión contra los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) justo cuando se cumplía el aniversario "de la brutal represión" que vivieron los pobladores de San Salvador Atenco, es "una clara advertencia desde el poder del Estado al movimiento social para que ceje en su empeño de pedir la libertad de sus presos políticos y de mantener su lucha legítima para decidir sobre sus territorios", señaló la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH).

La organización -que hace casi un año elaboró una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron las fuerzas públicas durante la toma de Atenco y Texcoco los días 3 y 4 de mayo de 2006 como "torturas, detenciones ilegales, violaciones sexuales, homicidios" y otros- aseveró que las condenas dictadas el pasado viernes por la noche contra Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, por su "presunta" participación en el secuestro de funcionarios estatales en febrero y abril, "son arbitrarias y desproporcionadas".

Por ello, exhortó a las autoridades competentes a que dicha resolución "no sea la señal para el inicio de una nueva ola de represión contra el pueblo de San Salvador Atenco".

La comisión, conformada por activistas de países principalmente europeos, consideró que los sentenciados "no han gozado del derecho de la presunción de inocencia", establecido en acuerdos internacionales, y agregó que, aunque el juez penal de Toluca -quien dictó la sentencia- asegura que existen suficientes elementos que comprueban la culpabilidad de los líderes del FPDT, "la defensa legal ha demostrado de forma efectiva que los acusados no estaban en el lugar de los hechos en el momento en que éstos supuestamente se produjeron".

La ONG añadió que otro de los elementos que el juzgador no consideró para dictar sentencia es que la parte acusadora "no ha sido capaz de aportar testimonios, ni siquiera de las presuntas víctimas del secuestro, que probaran la comisión del delito".

Respecto de la imputación de la Procuraduría General de Justicia del estado de México para que se aplique la sentencia máxima (que para ambos "secuestros" sería de 120 años de prisión) a los inculpados, la CCIODH subrayó: "La saña con que está actuando la procuraduría de justicia estatal (al hacer dicha solicitud), contrasta con su absoluta falta de voluntad para investigar los graves delitos cometidos por las fuerzas policiales estatales y federales durante los días 3 y 4 de mayo; pues los culpables materiales e intelectuales de entre otros delitos perfectamente documentados, como homicidio, tortura y violaciones sexuales tumultuarias, permanecen hasta el momento en libertad y gozan de total impunidad".

Finalmente, la organización subrayó que la resolución del juez contra los líderes del FPDT "es especialmente grave", porque ocurre en el contexto de las recientes declaraciones de un legislador priísta de reactivar el aeropuerto alterno al de la ciudad de México en la región de Texcoco y Atenco.

Por ello, subrayó, los pobladores de esos municipios enarbolan "una reivindicación absolutamente legítima: no ser expulsados y decidir sobre el territorio y los recursos naturales en los que han vivido por generaciones".

Después del Traslado a Molino de Flores

Detenidos de Atenco cambian de infierno; Molino de Flores, ''peor que Santiaguito''

Acusan ''complicidad'' de las autoridades de ese centro carcelario ubicado en Texcoco

BLANCHE PETRICH

Los 18 detenidos en San Salvador Atenco hace un año, procesados por diversos delitos y trasladados el martes pasado del penal de Santiaguito al de Molino de Flores, en Texcoco, denunciaron que han sido amenazados "de muerte y de golpizas por parte de otros reos que gozan de protección de las autoridades penitenciarias".

Rosaura de Selvas, esposa del médico Guillermo Selvas y madre de Mariana Selvas, ambos ''presos políticos'', informó que, según informes de los detenidos, sus condiciones de reclusión son intolerables: en la sección para varones, en celdas para seis presos son hacinados hasta 25; se dispone de cuatro letrinas para 200 personas, hay asaltos constantes donde el principal botín son las apreciadísimas tarjetas para llamar por teléfono. El grupo de Atenco sufre amenazas y aislamiento y han escuchado que los asesinatos en el interior de esta cárcel "son moneda común".

Dos de los jóvenes detenidos sufren síndrome de depresión profunda y hablan de su intención de suicidio. Las constantes solicitudes para que se atienda el grave problema de salud mental de estos dos muchachos han sido desatendidas por todas las autoridades aludidas.

La corrupción en el penal es otro problema grave. Existe en Molino de Flores la conocida "área verde", donde reos con privilegios pagan 5 mil pesos al mes por una celda individual. En el área de visitas se cobra inclusive el derecho a mesas (20 pesos) y sillas (cinco).

¿La CNDH?, bien...

En dos ocasiones, la señora Selvas y otros familiares de los prisioneros de Atenco han acudido con la segunda visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Susana Pedroza, encargada del caso. ''Ni siquiera ha querido recibirnos y escucharnos personalmente. Ella dice que ya nada tiene que ver con el asunto. Sus asistentes nos indican que tenemos que acudir a la comisión mexiquense de derechos humanos. Ahí es peor. Lo único que hemos logrado es que los representantes de la comisión del estado de México hagan visitas de cortesía al director del penal, Gilberto Trinidad Gutiérrez. Ni siquiera han intentado escuchar la versión de los presos".

Rosaura de Selvas, junto con una docena de madres y familiares de los presos mantiene en condiciones de extrema dificultad un plantón frente al penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya. "Pero si pensábamos que las condiciones de Santiaguino eran injustas y muy duras, nunca imaginamos que podía haber algo peor. Molino de Flores es un infierno, según nos dicen nuestros reclusos".

En efecto, este Cereso, uno de los más reducidos del estado de México, fue construido para contener 350 presos. Actualmente alberga a mil 500.

La semana pasada, luego de que el juez Juan Maldonado fuera declarado incompetente para conocer los juicios de los presos de Atenco, el expediente fue recibido por el juez primero de Texcoco, Juan Alberto Cervantes. Fueron trasladados a Molino de Flores la mazahua Magdalena García Durán; las floristas de Texcoco María Luisa López Mora y Norma Jiménez Osorio; Mariana Selvas, y Cecilia Ramírez. También el doctor Guillermo Selvas, padre de Mariana, y los estudiantes Vicente García Murguía, Jorge Armando Ramírez Aguilar, David Medina Neri, Martín Garrido Romero, Oscar Hernández Pacheco y Juan Carlos Estrada Cruces. Se espera que otros 14 presos que aún quedan en Santiaguito sean cambiados a Texcoco en breve.

Apenas se realizó el traslado, Juan Carlos Estrada, uno de los detenidos recién llegado fue atacado y golpeado brutalmente por los internos de Molino de Flores. Según denuncia de Rosalía de Selvas, presos del área de sentenciados se infiltran a la zona de reclusión de los reos en proceso, con el tácito permiso de los custodios. Estos son los que amenazan al grupo de Atenco.

En ese mismo penal, pero aislado del resto de detenidos en los hechos del 3 y 4 de mayo del año pasado, se encuentra otro atenquense, Juan Ramírez. Este fue quien, el día de la invasión policiaca a San Salvador Atenco, según las tomas aéreas de las televisoras, golpeó y pateó brutalmente a un policía federal preventivo. Según testigos, estos hechos ocurrieron pocos momentos después de que un adolescente del pueblo, Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, cayera muerto por los disparos de la policía.

Lo que las televisoras no informaron posteriormente fue que Ramírez fue capturado ese mismo día y golpeado y torturado a tal grado que la policía, creyendo que había muerto, tiró su cuerpo en un descampado. Rescatado y hospitalizado, el atenquense se recuperó. Cuatro meses más tarde, después de una intensa búsqueda en la que algunos miembros de su familia fueron inclusive torturados, según denuncias de los defensores de los detenidos, se descubrió su escondite y fue detenido. Su causa penal no es considerada como parte del expediente de San Salvador Atenco y su familia, aislada a causa de las amenazas oficiales, ha pedido que no se le mencione.

Condenan a 67 años de cárcel a líderes del FPDT de Atenco

Almoloya de Juárez, Mex., 5 de mayo. Ignacio del Valle Medina, Felipe Alvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua, dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, fueron sentenciados hoy a 67 años y seis meses de prisión cada uno, al encontrarlos responsables de secuestro equiparado, delito que les imputó la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) por la retención de funcionarios entre febrero y abril del año pasado.

Minutos después de conocer el fallo del juez primero penal de Toluca, José Blas Hernández, el procurador Abel Villicaña expresó que la resolución será minuciosamente revisada, ya que la dependencia exige la pena máxima de 120 años de prisión para cada uno. En cambio, Bárbara Zamora, quien encabeza la defensa de los presos, consideró que el fallo "es una infamia", ya que ni los funcionarios presuntamente retenidos reconocieron a los líderes de Atenco como los responsables de la privación de su libertad.

Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle y quien asumió la batuta del movimiento campesino una vez que sus líderes fueron encarcelados, se encontraba en Cuernavaca, Morelos, donde recibió, a nombre de su cónyuge, un premio de derechos humanos. Otros militantes del FPDT se enteraron del dictamen cuando participaban en una caravana que encabezaron el subcomandante Marcos e integrantes de la otra campaña en el penal de Santiaguito.

Justo un año después de su detención y reclusión en el penal de máxima seguridad del Altiplano, antes La Palma, ubicado en esta localidad, los tres integrantes del FPDT fueron notificados la madrugada de hoy de la primera sentencia que se dicta en su contra, toda vez que aún tienen pendiente otro proceso por secuestro y ataques a las vías de comunicación.

El juez Blas Hernández consideró que "existen elementos suficientes que comprueban la responsabilidad" de Del Valle Medina, Alvarez Hernández y Galindo Gochicua en la retención de funcionarios mexiquenses.

José Castillo Ambriz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, señaló que en el fallo se establece que ninguno de los reos es de alta peligrosidad, por lo que se les condenó casi con la pena mínima por el delito de secuestro, es decir, 30 años de prisión.

Pero al estar acusados de dos secuestros, la pena que se dictó por cada una de las retenciones fue de 33 años con ocho meses, y al ser acumulables, el juez estableció que la condena que deberán purgar los líderes de Atenco es de 67 años y medio de cárcel.

Tras la determinación, tomada esta madrugada, un secretario del juzgado fue enviado al penal del Altiplano para que los procesados conocieran los términos de la condena, la cual incluye una multa de 2 mil 476 días de salario mínimo a cada uno como reparación del daño.

La PGJEM les imputó la retención ilegal de Rosendo Rebolledo Montiel, ex director de Gobierno de la zona oriente del estado, perpetrada el 8 de febrero de 2006, así como de otros cuatro funcionarios de la Secretaría de Educación, el 6 de abril de ese año, cuando los atenquenses se quejaron por la inasistencia del secretario del ramo, Isidro Muñoz, con quien tenían programada una reunión para determinar los programas a aplicar en la comunidad.

Aun sin ser notificada oficialmente de la condena, Bárbara Zamora consideró "claro que es una sentencia por consigna, que se trata de una venganza del régimen para mantenerlos encarcelados con delitos fabricados".

La defensora señaló que pese a no tener confianza en las autoridades estatales, a más tardar el martes próximo apelará la sentencia contra sus defendidos para que sea una sala del Tribunal Superior de Justicia la que modifique la condena.

Insistió en que no existían elementos jurídicos para dictar una sentencia tan "excesiva. Las acusaciones se sustentan en dichos de un solo testigo. Ni siquiera las víctimas los reconocen como responsables".

En tanto, el procurador mexiquense indicó que en el pliego de conclusiones, el Ministerio Público solicitó que se aplique la condena máxima, es decir 60 años por cada secuestro, lo que implicaría una pena de 120 años para cada uno de los acusados.

De defensores de derechos humanos a secuestradores

"Qué contradicción, ahorita dieron un premio a Ignacio del Valle y al FPDT como defensores de los derechos humanos, y por otra parte nos acusan de secuestradores y delincuentes", dijo Ana, integrante del FPDT entrevistada en Atenco.

Se refería al Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, galardón que se entrega desde hace 15 años en Cuernavaca, Morelos, adonde acudió Trinidad Ramírez a recibirlo en nombre de su esposo, Ignacio del Valle.

Damián, a nombre del FPDT, consideró que "además de ser condenable, la sentencia es sumamente excesiva e irracional. Esto demuestra que el gobierno del estado tiene mucho interés en mandar señales políticas de agudizar todavía más el conflicto; quiere dar un castigo ejemplar".

Herencia foxista y realidad Calderonista: prisón a luchadores políticos y sociales

Vicente Fox dejó a Felipe Calderón una herencia de más de 400 presos políticos, y la cifra se ha incrementado en estos cinco meses de la nueva administración federal debido a la represión de movimientos sociales que protestaban, por ejemplo, contra la instalación de la Minera San Xavier, en San Luis Potosí; por la visita del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, o bien por participar en actos de la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Tabasco.

Aunque no existen cifras exactas del número de detenidos asociados a motivos políticos, el Comité Cerezo, considera que en México unas 500 personas se encuentran en prisión injustamente.

Entre los considerados presos por motivos políticos destacan los 38 que aún permanecen en cárceles federales de máxima seguridad y del fuero común acusados de diversos delitos por el caso Oaxaca.

Asimismo, tras los acontecimientos en San Salvador Atenco, estado de México, aún quedan en prisión 30 personas.

A pesar de que las organizaciones no gubernamentales carecen de registros puntuales de los presos políticos, se tienen reportes de que las entidades donde más personas fueron enviadas a la cárcel injustamente durante el foxismo son Oaxaca, estado de México, Chiapas, Guerrero, Jalisco y Veracruz.

La muerte de activistas alcanza una tasa no vista en el país en casi cuatro décadas!!!!

Crece a "niveles históricos" la cifra de presos políticos y de conciencia por HERMANN BELLINGHAUSEN

En años recientes, acentuadamente en el último del sexenio foxista y los cinco meses que van del gobierno de Felipe Calderón, el número de presos políticos y de conciencia ha alcanzado niveles históricos. Se trata de participantes (en ocasiones ni siquiera eso) de movimientos sociales y expresiones de inconformidad colectiva. Esto ocurre en prácticamente toda la República. Algunos alcanzan cierta difusión en los medios comerciales, los más sonados y ejemplares. Otros apenas son reportados por medios alternativos y organismos no gubernamentales de derechos humanos.

Centenares de personas han sido detenidas y encarceladas desde 2005 en agresiones de carácter violento de las policías, lo que ha afectado a millares de personas, en especial indígenas, jóvenes urbanos, maestros democráticos y campesinos. Esto, además de las tumultuosas represiones en Guadalajara (mayo de 2005), San Salvador Atenco (mayo de 2006), Oaxaca (entre mayo y diciembre de 2006) y Mérida (2007).

Las muertes de activistas sociales y políticos alcanzan una tasa no vista en casi cuatro décadas. No sólo están los casos televisados de Oaxaca, Atenco o la siderúrgica Lázaro Cárdenas. Están algunos no aclarados en Matamoros, Ciudad Guzmán y la sierra triqui. Dos delegados del Congreso Nacional Indígena sufrieron emboscadas mortales en mayo de 2006 cuando se dirigían a una reunión nacional: Concepción Gabino, de Cosalapa, Jalisco, y Faustino Acevedo, de San Blas Atempa, Oaxaca.

La represión "selectiva" contra jóvenes, bajo el pretexto de su indumentaria y comportamiento, se ha generalizado. Parece haber "consigna" contra los anarcos, punks y similares. La más reciente, este primero de mayo en la ciudad de San Luis Potosí.

Un dato es el crecimiento exponencial de conductas aberrantes (por lo visto cumpliendo órdenes, o "permisos" al menos) de las policías en capitales y municipios, a lo que se agregan hostiles custodios, agentes del Ministerio Público y jueces: violaciones, vejaciones, tortura, amagos de muerte.

Analistas y activistas subrayan la criminalización de la lucha social. Se inventan cargos, se "siembran" armas o droga. Los medios electrónicos obran como jueces o han incitado a un "restablecimiento del orden" por regla violento, inconstitucional e impune. A esto se suma una atonía de las comisiones estatales y Nacional de Derechos Humanos, que a veces rayan en complicidad con los verdugos.

La otra campaña encontró el año pasado decenas de presos políticos en todo el país, la mayoría ignorados. Por ejemplo, Adolfo y Miguel Andrade Ibarra, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Guanajuato, víctimas de la cúpula panista (Carlos Abascal, Ramón Muñoz y el ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks) según los familiares y compañeros.

En el penal El Amate, en Chiapas, meses atrás se denunciaron agresiones y tortura contra los reos Aureliano Alvarez y Tiburcio Gómez, indígenas de Huitiupán. Uno de ellos "apareció" muerto en el penal posteriormente. En Chiconautla está Gloria Arenas. Su compañero, Jacobo Silva Nogales, recluido en La Palma, es un caso extremo, que recuerda lo peor del apartheid de Sudáfrica. Tiene 23 horas de encierro al día, no se le permite pintar. Sus óleos son una denuncia extraordinaria.

A ellos se suma la saga, combativa y lúcida, de los hermanos Cerezo. En Tacotalpa (Tabasco), Angel Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vásquez, bases zapatistas, hace 10 años están presos injustificadamente. En Ixcotel (Oaxaca) está recluido desde antes de las protestas de 2006 Pedro Castillo Aragón; es compañero de Catarino Torres Pereda, quien pasó varios meses en el penal de alta seguridad de La Palma, aislado y tratado peor que los narcotraficantes y secuestradores. También los detenidos de Loxicha y Santiago Xanica. Y Juan Díaz Gómez, zoque de Chiapas, quien paga el delito de no hablar castellano.

La estela carcelaria ha pasado por la Comarca Lagunera, tanto en Coahuila como en Durango. Pobladores de San Blas Atempa sufren penas de cárcel desde 2005 en Tehuantepec; otros han sido liberados. Se multiplican las órdenes de aprehensión, unas ejecutadas, otras resueltas con fianza, muchas más pendientes (y reactivables en cualquier momento). En Oaxaca decenas de personas viven escondidas, en ocasiones gravemente heridas y mal atendidas (como si los presos fueran bien atendidos por las autoridades; la enfermedad y las lesiones sin atención son parte del castigo). En Hermosillo están los campesinos pimas Ramón Rodríguez Galaviz, José, Leonardo y Francisco Coyote Duarte, Pedro Monte Coyote y Julio Coyote Monte.

Las detenciones arbitrarias y violentas abundan en el estado de México, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Jalisco (los casos de Guadalajara, Sayula y Ciudad Guzmán). En Yucatán 39 mayas fueron detenidos en julio de 2006. Más de 40 jóvenes en 2007. En San Luis Potosí está el preso político más antiguo del país: Juan Valdez Pérez, quien lleva 15 años recluido "por organizar a trabajadores".